El Gobierno nacional, a través del ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que el fallo de la Sala Constitucional que determinó cesar del cargo al magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Alberto Egüez, es de  “de cumplimiento inmediato y obligatorio”.

No obstante, la autoridad ministerial se declaró preocupado por la situación generada en el TSJ por la anulación judicial del mandato del magistrado Egüez.

El Ministro, en ese sentido, aseguró que “no parece lo más adecuado y pertinente” un fallo sobre una denuncia de delito electoral cuando las elecciones judiciales en cuestión se llevaron adelante hace tres años, aunque insistió que debe ser respetado y acatado.

“Es un tema de grave preocupación para el Gobierno, pero no vamos por ningún motivo a afectar la independencia de los jueces. Han decidido revocar la credencial del magistrado Egüez y habilitar a la magistrada Montenegro, esa decisión debe ser de cumplimiento inmediato”, aseguró.

Eso sí, Lima señaló que el fallo de la Sala Constitucional del Beni debe ser revisada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

En ese marco, exhortó al presidente del TCP, Paul Franco, y a los magistrados, a acelerar la sentencia en este caso, en el marco de su independencia, y no esperar seis meses o más para resolver “un tema de grave preocupación para el Gobierno”.

Un fallo de la Sala Constitucional de Beni ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) dejar sin efecto el nombramiento y posesión del magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Carlos Alberto Egüez, tras disponer anular su candidatura en las elecciones judiciales de 2017.

Según reportó Correo del Sur, la acción popular fue interpuesta por los ciudadanos Robin Mercado Céspedes, Marco Antonio Balcázar y María Patricia Guardia Morales en contra de los exvocales y los actuales titulares del TSE. Fue así que la Sala Constitucional de Beni resolvió que estos no actuaron oportunamente en las elecciones judiciales del 3 de diciembre de 2017, al no inhabilitar al entonces candidato Carlos Alberto Egüez, denunciado por infringir la ley electoral que prohibía realizar campañas.

La Sala Constitucional de Beni falló el 4 de diciembre ordenando al TSE declarar la nulidad de la candidatura de Egüez, y “se tenga como ganador al que alcanzó la segunda mejor votación (la abogada Mariana Montenegro), debiendo además el Órgano Electoral, dejar sin efecto el nombramiento y posesión del referido candidato, anulando además la credencial otorgada al mismo como autoridad judicial”.

Tras conocerse la decisión, el TSJ rechazó el mencionado fallo y alertó respecto a que tal decisión puede generar un escenario de inseguridad jurídica en el país.