Un fallo de la Sala Constitucional de Beni ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) dejar sin efecto el nombramiento y posesión del magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Carlos Alberto Egüez, tras disponer anular su candidatura en las elecciones judiciales de 2017.

Según reportó Correo del Sur, la acción popular fue interpuesta por los ciudadanos Robin Mercado Céspedes, Marco Antonio Balcázar y María Patricia Guardia Morales en contra de los exvocales y los actuales titulares del TSE. Fue así que la Sala Constitucional de Beni resolvió que estos no actuaron oportunamente en las elecciones judiciales del 3 de diciembre de 2017, al no inhabilitar al entonces candidato Carlos Alberto Egüez, denunciado por infringir la ley electoral que prohibía realizar campañas.

La Sala Constitucional de Beni falló el 4 de diciembre ordenando al TSE declarar la nulidad de la candidatura de Egüez, y “se tenga como ganador al que alcanzó la segunda mejor votación (la abogada Mariana Montenegro), debiendo además el Órgano Electoral, dejar sin efecto el nombramiento y posesión del referido candidato, anulando además la credencial otorgada al mismo como autoridad judicial”.

EL TSJ rechaza el fallo y advierte riesgo de inseguridad jurídica

Tras conocer el mencionado fallo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió un comunicado en el que rechaza la decisión de la Sala Constitucional de Beni y advierto que tal decisión puede generar un escenario de inseguridad jurídica en el país.

Asimismo, recuerda que un magistrado únicamente puede ser cesado de sus funciones por las siguientes causales: “cumplimiento de mandato, sentencia ejecutoriada emergente de juicio de responsabilidades, renuncia, fallecimiento y demás causales previstas en la ley” y no así por un fallo como el emitido por la Sala Constitucional de Beni.

“Por lo señalado, el Presidente y la Sala Plena del TSJ, rechazan de manera categórica cualquier intento de afectar la institucionalidad e independencia judicial a través de actos y resoluciones, abiertamente contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes en vigencia”, finaliza el comunicado del Tribunal Supremo de Justicia.