El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, rechazó este sábado las insinuaciones de "persecución política" por parte de Jorge Valda, asesor del Comité Cívico Pro Santa Cruz, y reiteró su compromiso con la independencia de la justicia, tal como establece el artículo 3 del Código de Procedimiento Penal.

"Por ningún motivo puede interferirse en la labor del Órgano Judicial. La independencia de la justicia debe ser plena, absoluta y garantizada, y esto implica una respuesta al Comité Cívico Pro Santa Cruz, que ha sugerido que el Gobierno nacional estaría interviniendo en el caso concreto de un abogado. No es propio del Órgano Ejecutivo referirse a casos concretos, pero sentimos la necesidad de responderle al país y dar garantías a los jueces", indicó el ministro de Justicia, Iván Lima.

La autoridad recordó la plena vigencia del artículo 3 del Código de Procedimiento Penal, que establece que la justicia debe ser imparcial e independiente y que por ningún motivo los órganos estatales ni persona natural jurídica interferirán en la sustanciación de un proceso concreto. "Esa es la norma que regirá la gestión del presidente Luis Arce y este Gobierno. La independencia judicial está garantiza en este país", remarcó.

El Ministro de Justicia tuvo esta mañana una comunicación oficial con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSE), Olvis Egüez, precisamente para transmitirle la voluntad de construir la independencia judicial en diálogo y coordinación con las instituciones, y pedirle que dirija a los presidentes de las cortes de La Paz y Santa Cruz.

"Si vamos a trabajar y coordinar con el Órgano Judicial será para mejorar la justicia y la carrera judicial, y para que esta justicia deje de ser un motivo de preocupación para los bolivianos", señaló Lima.