Las Fuerzas Armadas, a través de su Comando en Jefe, instó al Ministerio Público iniciar acciones legales en contra de Simón Amaru, presidente de la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Democracia (Conade), por los delitos de sedición, atribuirse los derechos del pueblo, alzamiento armado e instigación pública a delinquir, después de que propusiera la creación de milicias armadas en el país.

 “En cumplimiento de su misión constitucional (se) denuncia públicamente al señor Simón Amaru por haber configurado en sus declaraciones una inminente y flagrante comisión de los delitos de sedición, atribuirse los derechos del pueblo, alzamiento armado e instigación pública de un delito, para que el Ministerio Público inicie acciones legales de oficio por tratarse de delitos de acción pública en contra del Estado”, dice una parte del documento publicado por la institución castrense.

Para las FFAA, las palabras del dirigente y su propuesta se constituyen en “aseveraciones sediciosas” que pretenden “desestabilizar el estado y la paz social”.

“El señor Simón Amaru siendo uno de los máximos dirigentes de esta coordinadora, al emitir declaraciones y discursos antidemocráticos convocando a una ilícita reforma de la Constitución, instiga públicamente a delinquir y organizar una milicia armada que pretende arrogarse las funciones legítimas de las Fuerzas Armadas", denuncia la institución

Ayer, el representante de la Coordinadora Nacional de Defensa de la Democracia de la ciudad de El Alto, Simón Amaru, solicitó al nuevo gobierno legalizar la conformación de milicias armadas en el país mediante la “reforma parcial” de la Constitución Política del Estado (CPE).

 “Las milicias armadas es para defender al pueblo, para defender este Gobierno, para defender el proceso de cambio, para defender la libertad de los bolivianos. Nosotros nos estamos yendo por la vía legal, nosotros estamos pidiendo al nuevo Gobierno una reforma parcial de la Constitución Política de Estado”, dijo a tiempo de aseverar que su pedido es legal “desde el marco jurídico-constitucional”.