La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación respecto a los ataques que sufrió el Ministerio Público por parte de grupos que exigen la renuncia del fiscal general, Juan Lanchipa.

“La CIDH observa con preocupación el desarrollo de las movilizaciones que, al exigir la renuncia del Fiscal General, han incluido la quema de neumáticos y petardos en las inmediaciones de la Fiscalía en Sucre”, señaló el organismo.

En ese sentido, la Comisión llamó al Estado boliviano a “tomar medidas urgentes para garantizar la vida e integridad personal de quienes trabajan en la Fiscalía General y en el sistema de justicia”, así como la independencia y continuidad en la prestación de sus servicios.

“Finalmente, la CIDH llama al Estado de Bolivia a garantizar el ejercicio del derecho a la protesta que incluye los derechos de reunión pacífica y sin armas, asociación y libertad de expresión; y reitera su recomendación de privilegiar las vías de diálogo y reconciliación”, añade la CIDH.

En pasados días, grupos civiles, encabezados por la Resistencia Juvenil Cochala protagonizaron incidentes en inmediaciones del edificio de la Fiscalía General del Estado exigiendo la renuncia de Lanchipa.

A raíz del hecho, el Ministerio Público decidió iniciar acciones penales en contra del grupo de la Resistencia Juvenil Cochala, a la cabeza de Yassir Molina, por haber ocasionado daños en contra de la infraestructura del Ministerio Público, que es un Patrimonio Histórico de la capital del Estado, declarado Patrimonio por la UNESCO.

“Estos actos perjudican el normal desarrollo de la gestión del Ministerio Público y afecta al patrimonio histórico, porque se ha dañado la infraestructura del primer Banco Central de Bolivia que ahora se ocupa como Fiscalía General del Estado y también son testigos la comunidad nacional e internacional sobre estos actos violentos”, sostuvo el secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe.