La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) resolvió hoy, por más de dos tercios, objetar la designación de Alberto Morales como el Procurador General del Estado, por lo que, de acuerdo a la normativa, sería cesado del cargo.

“Por más de dos tercios de voto, la ALP resuelve objetar la designación del ciudadano Alberto Javier Morales Vargas, por no cumplir con los requisitos para el cargo de Procurador General del Estado, debiendo cesar inmediatamente de sus funciones”, informó el Senado a través de un mensaje en su cuenta oficial en el Twitter.

De acuerdo con la Constitución, en su artículo 230, la designación del Procurador puede ser objetada por decisión de al menos dos tercios de la Asamblea Legislativa y la misma tendrá por efecto el cese en las funciones de la persona designada.

El argumento de la Asamblea es que Morales no cumple el requisito establecido en el parágrafo 10 del artículo 12 de la Ley 064, el cual establece que no puede ser Procurador un abogado que haya patrocinado procesos judiciales en contra del Estado durante los últimos cinco años.

Alberto Morales fue designado como Procurador el pasado 21 de septiembre, en reemplazo de José María Cabrera y en medio de una polémica entre la exautoridad y el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

Y es que Cabrera denunció que fue Murillo quien pidió que se lo destituyera como Procurador por oponerse a algunas decisiones del Gobierno.

“Ministro Arturo Murillo requiere remoción del Procurador General del Estado  por oponerse a privatización de ENDE y por caso de gases lacrimógenos”, había denunciado la PGE a través de su cuenta oficial en el Twitter.

Esa posición fue ratificada por Cabrera tras recibir el decreto que lo destituye del cargo.

“La remoción del suscrito procurador General del Estado se da a petición del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, por la afectación en el cumplimiento de mis misiones constitucionales del caso ENDE (…) y del caso gases lacrimógenos”, denunció Cabrera.

El mes pasado, la presidenta Jeanine Añez anunció  la devolución de la  Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (ELFEC), las acciones que fueran nacionalizadas en 2010 y que hasta este lunes eran administradas por la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENDE). Dijo que la propiedad vuelve a los cochabambinos y a los trabajadores de la empresa regional.

No obstante, Cabrera expresó públicamente su rechazo a la decisión y afirmó que “devolver acciones a ELFEC, no es más que una privatización (de ENDE) que atenta contra intereses del Estado”.

Cabrera, además, también fue cuestionado por el Ministro de Gobierno por sus declaraciones sobre el caso de la  compra de gases lacrimógenos con supuesto sobreprecio por parte del Gobierno.

Entrevistado por una Comisión del legislativo, Cabrera denunció que no recibió la ayuda ni información por parte del Ministerio de Gobierno para investigar dichos contratos.

En ese sentido, el Ministro de Gobierno admitió que fue él quien sugirió que José María Cabrera sea destituido del cargo de Procurador General del Estado porque supuestamente tuvo reuniones con gente del Movimiento al Socialismo (MAS) para “perjudicar” al Gobierno.

“Cómo no voy a sugerir (que sea retirado) si ese señor se ha reunido con el MAS, está por intereses medio raros por ahí (…). Es un señor que está trabajando para intereses de otros partidos, no para intereses de las personas que lo pusieron en el cargo", manifestó Murillo en esa oportunidad.