El Juzgado se Sentencia Penal 12avo de La Paz admitió la demanda interpuesta en contra del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, por los delitos de calumnias e injurias por haber acusado falsamente a Lourdes P. de ser la raptora de la bebé Samanta.

El abogado de la víctima, Frank Campero, señaló que Murillo ahora deberá presentar sus descargos y luego se definirá la fecha de la audiencia respecto al caso.

“Vamos a solicitar que la audiencia sea pública para que la gente sepa cuál es la posición de Murillo respecto a este tema”, aseveró Campero.

El abogado, en esa línea, lamentó que a pesar de que se aclaró que su clienta no tiene relación con el rapto de la bebé Samanta su fotografía se siga compartiendo en las redes sociales.

En su demanda, Lourdes P. pide una disculpa pública de parte del Ministro, además de un resarcimiento económico.

Durante la primera semana de septiembre, el Ministerio de Gobierno difundió la fotografía de una mujer, acusándola de ser quien secuestró a la bebé Samantha. La imagen se viralizó en las redes sociales dando por hecho la culpabilidad de esa persona.

Horas después, la mujer en cuestión se presentó a la FELCC y negó estar vinculada al hecho. Incluso, tuvo un careo con la madre de la bebé Samantha y no fue reconocida, lo que descartó que ella sea la responsable del hecho y por eso fue liberada.

Al respecto, el Ministerio de Gobierno admitió su error y pidió disculpas a Lourdes P., aunque a través de un breve comunicado difundido en las redes sociales.

Cabe recordar que, sobre el hecho, la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH Bolivia) emitió un comunicado en el que condenó el hecho y aseveró que “la exhibición pública de la identidad de una persona inocente trastoca los derechos a la honra, dignidad e integridad”.

En ese sentido, el organismo pidió al Gobierno reparar integralmente el daño que pudo haber causado a la mujer en cuestión con las falsas acusaciones.

“Si bien se reconoce la disculpa pública formulada por el Ministerio de Gobierno, se alienta a las autoridades a reparar integralmente a la mujer injustamente señalada y a extraer las lecciones pertinentes para evitar la repetición de acciones que también comprometen el debido proceso”, añadió la OACNUDH.