En conferencia de prensa, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, rechazó parte del informe publicado por Human Rights Watch y negó que haya una perscusión política en contra de exautoridades el Movimiento al Socialismo (MAS), en particular en contra del expresidente Evo Morales.

Núñez, en ese sentido, celebró que parte del informe “reconozca” que el Gobierno del MAS haya debilitado “la independencia del sistema judicial” ; sin embargo, rechazó que se diga que el Gobierno abusa de la justicia para perseguir a sus opositores.

“Rechazamos categóricamente el punto que hace referencia  a una supuesta persecución política utilizando la justicia contra Morales (…) El MAS preseleccionó a las autoridades de todo el sistema judicial. Es un contrasentido decir que el Gobierno ejerce control contra la justicia o lo usa como arma de persecución”, aseveró Núñez.

Señaló, asimismo, que la denuncia contra Morales por el supuesto delito de terrorismo fue jurídicamente fundamentada por los abogados del Gobierno y se basó en algo que “todo el pueblo ha vivido”, en referencia a los conflictos post electorales de noviembre del 2019, tras concretarse la renuncia de Morales.

Human Rights Watch emitió un informe en el que acusa al Gobierno transitorio de la presidenta Jeanine Añez de “abusar del sistema de justicia” para perseguir a colaboradores y partidarios del expresidente Evo Morales, “quien enfrenta cargos por terrorismo que, a la luz de las pruebas, parecen responder a motivaciones políticas”.

El informe de 53 páginas titulado “La justicia como arma: Persecución política en Bolivia”, documenta casos promovidos por el gobierno interino con cargos infundados o desproporcionados, violaciones del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva, sobre todo en contra de las exautoridades y gente cercana al anterior Gobierno del MAS, siempre según Human Rights Watch.

Asimismo, en el informe, Human Rights señala que existen dudas de que en Bolivia haya habido un fraude electoral el 2019 y deplora que Añez haya perdido la oportunidad de reformular la justicia cuando asumió el poder gubernamental.

“La exsenadora Jeanine Áñez, actual presidenta interina, tuvo la oportunidad de romper con el pasado y asegurar la independencia judicial. Sin embargo, su gobierno ha presionado de forma pública a fiscales y jueces para que actúen de manera favorable a sus objetivos, dando lugar a investigaciones penales contra más de 100 personas vinculadas al gobierno de Morales o simpatizantes por supuestos delitos de sedición o terrorismo. Decenas más están siendo investigadas penalmente por presunta pertenencia a una organización criminal, incumplimiento de deberes y otros delitos. A la luz de la evidencia, muchos de los casos parecen perseguir fines políticos”, señala el informe.

Específicamente sobre las denuncias contra el expresidente Evo Morales, Human Rights señala que no hay pruebas que sustenten las acusaciones por terrorismo contra el exmandatario.

Recuerda que el proceso contra Morales se basa en una grabación de audio en la que supuestamente se escucha al exmandatario ordenar un cerco a las ciudades del país, pero señala que “en esa prueba las personas que hablan no se refieren al uso de la violencia ni a la participación en alguno de los actos violentos que se habían producido” en el país durante los conflictos post electoreales de noviembre del 2019.

“Los fiscales sostienen que Morales ordenó que se cometieran actos de violencia. Sin embargo, las pruebas incluidas en el expediente a las cuales tuvo acceso Human Rights Watch – que consisten, principalmente, en esa única llamada telefónica – no dan el menor sustento a esa acusación”, señala el organismo.