Polémica
César Sánchez
09/09/2020 - 10:48

La Procuraduría expresa su “absoluta desconfianza” en la CIDH para defender los DDHH en Bolivia

La CIDH — dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) — convocó de oficio a una audiencia pública a las organizaciones del país para analizar la “situación general de los derechos humanos en Bolivia”. La cita virtual se llevó a cabo el 8 de septiembre.

La Procuraduría General del Estado (PGE) expresó su “absoluta desconfianza” sobre el rol de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la defensa de los derechos fundamentales en el país debido al expediente “político y militante” a favor del gobierno del expresidente Evo Morales y los “regímenes del socialismos del siglo XXI”.

“(Vemos) con absoluta desconfianza porque la CIDH en todos estos años ha llevado una actividad ideológica, política y militante desde el Socialismo del Siglo XXI y dejó de ejercer el rol de imparcialidad y neutralidad que por los acuerdo internacionales debe cumplir”, afirmó el procurador José María Cabrera al periódico Bolivia, desde La Haya, al ser consultado sobre la audiencia convocada por ese organismo para reunir a las agrupaciones civiles bolivianas.

La CIDH — dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) — convocó de oficio a una audiencia pública a las organizaciones del país para analizar la “situación general de los derechos humanos en Bolivia”. La cita virtual se llevó a cabo el 8 de septiembre.

La Procuraduría denunció en distintas oportunidades el “doble estándar o trato diferenciado” aplicado por la Comisión hacia Bolivia y aseguró que “no mide con la misma vara” las actuaciones de los diferentes gobiernos. Manifestó que se rige en concordancia con la postura ideológica de los gobernantes si estos son socialistas o demócratas.

“La Comisión está realizando un trabajo de militancia y activismo político de manera que todas sus actuaciones carecen de honestidad”, ratificó la autoridad que presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por los delitos de lesa humanidad contra Morales por promover los bloqueos de agosto.

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