La tarde de este martes, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sancionó la Ley de Excepción de Arrendamientos, que establece la reducción del 50% del pago de los alquileres durante la cuarentena. La norma fue remitida al Ejecutivo para su promulgación.

Entre otras cosas, la norma señala que en favor del inquilino se reduce en un 50% el canon de alquiler, cuando a la vigencia de la presente ley no se hubiera conseguido un acuerdo entre inquilino y propietario o arrendador para la reducción y/o diferimiento razonable de canon de alquiler. Además, la Ley no beneficia "a quienes reciben una remuneración mensual fija del ámbito público”.

A favor del propietario, la norma establece la condonación del pago del impuesto mensual del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) hasta el levantamiento de declaración de cuarentena, en sus distintas modalidades.También otorga beneficios impositivos por los gobiernos autónomos municipales, en el marco de su autonomía, para los propietarios que reduzcan como mínimo, el 50% del canon de alquiler.

La norma señala que la disposición se aplica en los alquileres pactados de manera verbal o escrita, cuando el canon pactado y/o calculado de forma mensual no exceda a un máximo de 5.000 bolivianos para inmuebles destinados a vivienda, 7.000 bolivianos para los destinados a tiendas o espacios comerciales o de prestación de servicios, y, 15.000 bolivianos para inmuebles destinados a la actividad industrial.

Advierte que la norma se aplicará excepcionalmente a partir de la fecha de la declaración de Emergencia Sanitaria Nacional y Cuarentena, dispuesta a través del Decreto Supremo 4196 del 17 de marzo de 2020, hasta tres meses después de culminada la cuarentena en sus diferentes modalidades.

Por otra parte, el diputado proyectista, Víctor Borda, destacó que la ley también  establece que durante la cuarentena el propietario no puede votar al inquilino de su casa, especialmente a embarazadas, personas de la tercera edad, familias con menores de edad, sujeto a procesos judiciales.

"No se aplica esta ley a los funcionarios públicos que perciben recursos del Tesoro General de la Nación. Ellos están exceptuados de la aplicación de esta reducción. Además, se prohíbe el incremento del canon de alquiler durante la gestión 2020 y queda en suspenso los procesos de desalojo", afirmó.