Los candidatos a la presidencia por el Movimiento al Socialismo (MAS) y Comunidad Ciudadana (CC), Luis Arce y Carlos Mesa, respectivamente, señalaron su posición respecto a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) reasigne todos los recursos económicos previstos para la propaganda electoral y los destine a combatir el coronavirus en el país.

Por separado y con criterios distintos, ambos candidatos dieron a conocer su posición hoy.

Por un lado, Arce señaló que esos recursos económicos deben ser entregados directamente a los municipios que tengan más problemas a causa de la pandemia del Covid-19, pero fue enfático en que no se debe entregar los recursos al Gobierno.

“Que (el dinero) se vaya a los municipios, no al Gobierno nacional, no queremos más corrupción, que vaya  a los municipios donde se requiere para combatir el coronavirus”, afirmó.

Por su parte, Mesa coincidió en que los recursos del fortalecimiento público del TSE deben ser destinados a combatir la pandemia, pero también pidió al Gobierno invertir en salud todo lo que gasta en publicidad actualmente.

“Para Comunidad Ciudadana la salud está primero.  Los recursos de fortalecimiento público del TSE deben destinarse a combatir la pandemia, pero también se deben sumar a ello el dinero de la propaganda de Jeanine Añez y su gobierno y los gastos superfluos de la ALP”, aseveró Mesa, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que ayer, jueves, la presidenta de la Asamblea, Eva Copa, también pidió al TSE no dar dinero a las organizaciones políticas y reasignar esos recursos a favor de la salud.

“Personalmente, creo que por la emergencia sanitaria que está viviendo nuestro país, no debería darse ningún tipo de presupuesto y poder invertir en el tema de la salud”, dijo la autoridad legislativa.

Las reacciones llegan después de que se conoció que el MAS recibirá el 60% del presupuesto asignado a la propaganda electoral para los próximos comicios de acuerdo a una determinación asumida en la Sala Plena del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), según información publicada por Página Siete.

La decisión de la Sala Plena implica aplicar los resultados de la elección válida más reciente, la del 12 de octubre de 2014, de manera que la distribución de recursos tendrá que hacerse conforme al porcentaje de votos obtenidos por las organizaciones políticas que participaron en ellas.