La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, solicitó al Ministerio de Justicia, a la Contraloría General del Estado y a la Asamblea Legislativa Plurinacional  informar, supervisar e investigar la compra de 170 respiradores destinadas al tratamiento de los enfermos con el Covid-19.

Cruz observó que hay una “total falta de transparencia” en la información proporcionada por las autoridades nacionales respecto a las características de los equipos adquiridos, así como de los alcances económicos de la compra, lo que, dijo, genera “fundadas dudas y cuestionamientos”.

“Por esta razón, a la cabeza de las instituciones competentes se debe esclarecer todo el proceso de contratación, envío y equipamiento de estos instrumentos médicos, en el marco de la transparencia y acceso a la información”, aseveró.

La Defensora, recordó que el Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos señala que “los sistemas de salud en los que faltan la transparencia, la participación y la rendición de cuentas, ofrecen un fértil caldo de cultivo para la corrupción”.

Ante ello, mediante una nota, pidió al ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coimbra, una investigación de oficio sobre el proceso de adquisición de los 170 respiradores y al contralor general del Estado, Henry Lucas Ara, acciones de supervisión al proceso de la compra de esos equipos, en el marco de la Resolución 070/2017.

Además, solicitó a la presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Eva Copa, que instruya la inmediata investigación en el marco de sus atribuciones fiscalizadoras; y al ministro de Salud, Marcelo Navajas, que informe sobre el proceso de contratación, los criterios  técnicos y económicos para la compra de esos equipos, así como las razones para “desechar el apoyo técnico de los especialistas”.

Para la Defensora del Pueblo, esta situación supone una afectación directa a la salud de la población, pues estos instrumentos tenían el objeto de coadyuvar a las unidades de terapia intensiva para la atención de la pandemia Covid-19; sin embargo, a más de dos meses del inicio de la cuarentena no existen avances en cuanto al equipamiento de estas unidades. “

“En consecuencia, los pacientes positivos se encuentran en grave riesgo ante la ausencia de estos respiradores y el inminente colapso de las unidades de terapia intensiva”, resaltó.

La solicitud de la Defensora del Pueblo llega el mismo día que se denunciara un sobreprecio en la compra de los respiradores. Y es que los mismos tienen un costo de venta que oscila entre los 7 mil y los 12 mil dólares la unidad, pero el Gobierno pagó 27.683 dólares por cada una.