La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que el Decreto Supremo que penaliza la “desinformación” en Bolivia contraviene las normas del organismo regional y es incompatible “con el Sistema Interamericano”.

"No es compatible con el Sistema Interamericano (de Derechos Humanos) el uso del derecho penal para expresiones de interés público. La desinformación se combate con acceso a información pública", señaló el relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza, en Twitter.

La presidenta del Estado boliviano, Jeanine Añez, promulgó el 7 de mayo el Decreto Supremo (DS) 4231 que modifica los alcances de los decretos 4119 y 4200 y ahora sanciona penalmente la difusión de la información “escrita, impresa y/o artística” que genere “incertidumbre en la población”.

Lanza, en ese sentido, informó que su oficina ya ha enviado una nota formal al Gobierno de Jeanine Áñez "sobre el deber de adecuar las normas internas" a los estándares interamericanos de Derechos Humanos.

Por otro lado, el polémico decreto también generó la reacción del director de la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, quien consideró que el gobierno de Añez usa el COVID-19 para “pisotear la libertad de expresión de los bolivianos”.

“El nuevo decreto de Jeanine Añez prevé cárcel para quien escriba o difunda un comentario o un trabajo artístico que “genere incertidumbre” sobre temas de salud. Eso es usar covid 19 para pisotear la libertad de expresión de los bolivianos” (sic), observó el director de la organización de defensa de los derechos humanos.

El Decreto que penaliza la desinformación, cabe recordar, ya generó el rechazo de la Asociación de Periodistas de Bolivia (ANPB) porque dicha norma "establece una severa restricción, inconstitucional e inconvencional, al penalizar el derecho humano y fundamental a la libertad de expresión".

En la misma línea se ha expresado el candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, quien ve en este paso "un nuevo atentado a las libertades democráticas". El también candidato presidencial Carlos Mesa ha denunciado igualmente que se trata de una norma "autoritaria".

En respuesta a estas preocupaciones, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, aseguró a los periodistas bolivianos que pueden estar "tranquilos" porque están protegidos por la Ley de Imprenta. "Los que deben cuidarse son los ciudadanos que están tratando, (principalmente) en las redes sociales, de confundir", dijo el lunes.