Una mesa técnica conformada por el Gobierno central definirá en las próximas horas si autoriza el ingreso de otros 500 conciudadanos bolivianos que se encuentran en Colchane, frontera de Chile con Bolivia. A pesar del fallo constitucional que ordena que “de forma inmediata el nivel central del estado" coordine "la recepción de las personas que se encuentran en tránsito por las distintas razones que sean, a su lugar de origen”, según informó la Defensoría del Pueblo.

“El Ministerio de Salud, la Cancillería, Defensa Civil y el Ministerio de Gobierno están trabajando en los detalles. Un vocero oficial en las próximas horas comunicará cuál será el procedimiento al cual Migración se someterá para el ingreso de estas 500 personas”, informó este sábado el director nacional de Migración, Marcel Rivas.

Sobre este aspecto, aseguró que se tiene que ver primero el tema del albergue para que ingresen a una cuarentena estricta, que el país lleva adelante para evitar la propagación del coronavirus y que no se puede violar.

Rivas insistió en que hay un “ingrediente político” en la movilización en la frontera, que el Gobierno atribuye al Movimiento al Socialismo (MAS). “Está claro que hay infiltrados y eso ya se ha declarado. En lo operativo hemos detectado que son aproximadamente 500 ciudadanos”, indicó.

Sin embargo, el Alcalde de Colchane declaró que hay unos 800 que quieren ingresar, mientras que Rivas agregó que esa autoridad no quiere entregar las listas de los ciudadanos, pese a que se las solicitó mediante un requerimiento oficial.

Por otro lado, aclaró que ningún boliviano emitió una solicitud expresa de ingreso al país por Migración en un punto migratorio, solo lo hicieron por teléfono.

“El procedimiento es acercarse a un punto migratorio y solicitar su ingreso. Hasta ahora ni uno solo lo ha hecho, sí por WhatsApp o teléfono, con quienes estamos en contacto, pero están en función a las determinaciones que decida la mesa técnica”, indicó.

Asimismo, apuntó que existe un grupo al que tiene identificado que se fue directamente por las laderas, ejerciendo violencia y atacando con piedras al Ejército boliviano.

“Son 33 personas identificadas que han causado desorden en Pisiga y, como es de conocimiento público, tres se sometieron a procedimiento abreviado y obtuvieron una sentencia de tres años de cárcel; este lunes se llevará a cabo la audiencia de otros dos que están a la espera de lo que diga la justicia”, especificó Rivas.