La Defensoría del Pueblo solicitó a la presidente del Estado, Jeanine Áñez, la emisión de un Decreto Presidencial de indulto extraordinario para reducir el hacinamiento penitenciario ante el peligro de contagio y propagación masiva del coronavirus en recintos carcelarios.

Además, en otra nota enviada al Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, pidió declarar estado de emergencia penitenciaria.

En las misivas remitidas, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, señala que estas medidas beneficiarían a personas adultas mayores, personas que viven con VIH/SIDA, con discapacidad, con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y en etapa de lactancia; además de detenidos preventivos comprendidos en las previsiones del artículo 239 del Código de Procedimiento Penal modificado por la Ley 1173 y aquellos encarcelados sin la suficiente base legal, incluyendo ‘perseguidos políticos’.

Según información de la Defensoría, Cruz explicó que el pedido tiene su base en la “crítica realidad del sistema penitenciario en el país”, cuyo mayor problema, dijo, es el alto índice de hacinamiento, “lo que en la actual coyuntura hace imposible ejercer un efectivo control sanitario para evitar el contagio y propagación del Covid-19”.

En la nota remitida a la Presidente Añez, la Defensora indica que la sobrepoblación penitenciaria en el país, a enero de este año, alcanzaban a 190,1%, prevaleciendo las personas detenidas preventivamente en un 67%, “situación que se agrava con el encarcelamiento de ciudadanos detenidos en la actual coyuntura sanitaria”.

Por otra parte, en la nota enviada al Ministro de Goberno, Cruz señala que los penales enfrentan una “ausencia extrema de condiciones de habitabilidad, debilidades en las prestaciones de salud, insuficiente dotación de medicamentos, deficiente alimentación, alto porcentaje de detenidos preventivos que no permite implementar programas efectivos de reinserción social, lo que agudiza un sistema colapsado y degradante que propicia un escenario de peligrosidad de contagio y propagación masiva del coronavirus”.

Asimismo, Cruz señala que muchas cárceles del país no tienen agua potable – pone el ejemplo de Chonchocoro-, ni alimentación o instrumento de aseo para sus baños.

Cabe recordar que la pasada semana la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, llamó a las autoridades a “trabajar rápidamente para reducir la cantidad de personas detenidas”.

En ese sentido, propuso que los reclusos de mayor edad, los que están enfermos y quienes representan un riesgo menor, sean liberados.

Además, pidió que “toda persona detenida sin fundamento jurídico suficiente, incluyendo los prisioneros políticos y los detenidos por haber expresado opiniones críticas o disidentes”, sean puestos en libertad para despejar la población en los recintos penitenciarios.