Ante la posibilidad de que se decrete una cuarentena general en el país, la Defensoría del Pueblo exigió al Gobierno tomar previsiones y acuerdos para “garantizar, mínimamente, la alimentación y los servicios básicos de los sectores en situación de pobreza y vulnerabilidad, que son los que adquieren su sustento día a día” y advirtió que no hacerlo implicaría vulnerar el derecho a la alimentación y las mínimas condiciones de vida.

“Corresponde tomar en cuenta e idear medidas de subsidios en especie a favor de los sectores de la población que subsisten del comercio informal como un refuerzo asistencial que permita a la ciudadanía en situaciones económicas desfavorables contar con el alimento necesario; en línea con los expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas y del sistema regional, alertamos al Gobierno que cualquier medida que asuma para frenar el avance del coronavirus debe considerar y respetar los derechos humanos de la ciudadanía, en especial de los grupos en situación de vulnerabilidad y económicamente deprimidos”, manifestó la defensora del pueblo, Nadia Cruz.

La autoridad defensorial, además, pidió al Órgano Ejecutivo garantizar, inmediatamente, medidas específicas de protección y prevención en favor de los grupos en situación de vulnerabilidad, sin escudarse en límites competenciales, “toda vez que los mismos solo resultan perjudiciales para la población beneficiada a quién el Estado le debe protección”.

De igual manera, Cruz señaló que la declaratoria descontextualizada de una cuarentena podría generar inflación, afectación a los pequeños productores, endeudamiento de algunos sectores y acrecentar la conflictividad social.

Observó, además, el latente riesgo del uso excesivo de la fuerza “ante una politización y estigmatización contra quienes observen dicha medida” (de la cuarentena), por lo cual, dijo, es imprescindible que el Gobierno transitorio se abstenga de discursos y acusaciones que tiendan a politizar las demandas y reclamos de los sectores.

Cruz, asimismo, expresó temor ante el hecho de que la enfermedad del coronavirus siga con su propagación de forma rápida y se produzca un colapso en los hospitales públicos del país y el acceso a la salud se vea afectado en desmedro de la población en general, por lo cual, dijo, “urge fortalecer los protocolos de bioseguridad para el personal de salud en todos sus niveles”.

La Defensora, finalmente, también expresó su preocupación respecto a que el Estado no está asumiendo medidas que eviten la propagación del coronavirus en el área rural.

“Lastimosamente las medidas de prevención de ingreso de la enfermedad a Bolivia, o su eventual control rápido, fueron insuficientes por parte del Gobierno. La Defensoría del Pueblo ha evidenciado que el control de personas que llegaron a territorio nacional, tanto a terminales terrestres como aéreas, fue prácticamente nulo. La dilatoria toma de decisiones sobre la enfermedad viene acompañada con la falta de previsiones sanitarias, tanto el nivel central como los niveles sub nacionales esperaron contar con casos de personas contagiadas para desarrollar planes y estrategias de control de la enfermedad”, manifestó.