El ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, oficializó hoy el pedido para que el Consejo de la Magistratura realice una auditoría jurídica al llamado ‘caso Terrorismo’ y así poder “establecer la verdad histórica de lo que ocurrió”.

En la misiva, Coímbra señala que todo el proceso del mencionado del caso estuvo “contaminado por intereses políticos” y pide que la auditoría jurídica del caso establezca responsabilidades “contra los involucrados con todo el rigor de las disposiciones disciplinarias y judiciales que correspondan”.

Después de 11 años, el pasado 4 de febrero el ‘caso Terrorismo’ llegó a su fin tras la decisión del Ministerio de Gobierno y de la Fiscalía de retirar sus respectivas acusaciones.

El caso terrorismo, como se lo conoce en Bolivia, ocurrió el 16 de abril de 2009, cuando agentes policiales tomaron el hotel Las Américas, ubicado a pocas cuadras de la plaza central de Santa Cruz. En el operativo fueron ejecutados: el húngaro-boliviano, Eduardo Rózsa; el irlandés Michael Martin Dwyer y el húngaro-rumano Árpád Magyarosi. El boliviano-croata Mario Tadic y el húngaro Elod Tóásó fueron encarcelados y después de seis años, en 2015, obtuvieron su libertad luego de someterse a un juicio abreviado en el que se declararon culpables.

El gobierno de Morales denunció en ese entonces que eran mercenarios que planeaban atentar contra el expresidente Evo Morales y armar una milicia civil para iniciar una guerra secesionista en Santa Cruz, cuyos dirigentes habían impulsado un proceso de autonomía.

Por esta causa se inició un proceso contra 39 personas, incluidos empresarios y líderes cívicos. Algunos incluso pasaron cerca de una década en la cárcel, como es el caso de Zvonko Matkovic Ribera, Alcides Mendoza y Juan Carlos Guedes, estos últimos salieron en libertad hace casi dos meses.

No obstante, los acusados señalaron que el caso era un montaje del anterior gobierno para “descabezar” un movimiento que se oponía al gobierno del expresidente Morales.