La ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, en consenso con organizaciones de la prensa de Bolivia, presentó el martes por la tarde un proyecto de decreto supremo "orientado a recuperar la libertad de expresión y garantizar los derechos de los trabajadores" de este gremio.

Lizárraga y los principales representantes de las asociaciones y federaciones de la prensa de los nueve departamentos coincidieron en que la elaboración de esta norma es un hito histórico que genera un "huracán de libertad de expresión" en el país.

"Este es un proyecto consensuado con la prensa boliviana que nos va a permitir y dará otra imagen; es la recuperación de la libertad de expresión de nuestro país", dijo Lizárraga en conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo.

Lizárraga aseguró que con la norma los periodistas y fotoperiodistas ya no tendrán miedo de denunciar la verdad, como pasó, dijo, en los 14 años del Gobierno de Evo Morales y explicó que el principal objetivo es recuperar la libertad de expresión por completo.

"Todo el país no solamente vive esta briza democrática, sino que la prensa boliviana se está comprometiendo con este huracán de la libertad de expresión, no sólo para la prensa sino para toda Bolivia", manifestó la Ministra

Lizarraga informó que esa norma fue elaborada por mandato de la presidenta Jeanine Áñez y expresó su confianza en que sea analizada por el gabinete ministerial lo más antes posible. El proyecto subraya aspectos ya normadas en la Constitución y otras normas.

El proyecto garantiza el trabajo periodístico, instruye que las máximas autoridades del Órgano Ejecutivo garantizarán el acceso a la información pública. Instituye que los periodistas de medios de comunicación privados gozarán de todos los derechos y beneficios reconocidos por la Constitución Política del Estado y las leyes que les sean aplicadas.

Además, instruye al Ministerio de Comunicación asignar o reasignar las radios de los pueblos originarios en el marco de la inclusión social para ampliar el derecho de acceso a la información; y realizar las gestiones necesarias ante los gobiernos autónomos municipales para la conformación de los tribunales de imprenta, previstos en la Ley de Imprenta; pero aclara que los servidores públicos que atenten contra la libertad de trabajo y de prensa serán sometidos a la jurisdicción ordinaria.

Por último, en referencia a la publicidad estatal, permite al Gobierno nacional asignarla considerando la trayectoria, profesionalismo, ética, compromiso social a fin de promover una información veraz, oportuna, transparente e imparcial.

Por su parte, el representante de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Pedro Glasinovic, expresó su agradecimiento al Gobierno de la presidenta Áñez y dijo que con esa norma todos los trabajadores de la prensa deben sentirse felices y orgullosos.

"Esto es abrir nuevamente este abanico de libertad que faltaba en el último tiempo, es importante resaltar el gobierno que preside la presidenta Añez. Nos están devolviendo algo que se había conculcado durante muchos años por diferentes razones y a través de muchos métodos, para silenciar la voz de los periodistas para controlar a los medios de comunicación", dijo.