Carlos Sánchez Berzaín, el exministro de Defensa de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-97-2002-03), junto a otros “exiliados políticos” – como Mirtha Quevedo, Dante Pino Archondo y Javier Tores-Goitia- enviaron una carta a la presidenta Janine Añez pidiéndole la abrogación de los decretos supremos 27234 Y 27337.

Según Sánchez Berzaín, ambos decretos son de amnistía para los “responsables del golpe de estado de octubre del 2003”, entre ellos, dijo, el expresidente Evo Morales.

“El texto y aplicación de los dos decretos supremos demuestran que se dio amnistía solamente a los agresores del orden público y a los conspiradores triunfantes del derrocamiento del gobierno constitucional que empezaron, causaron y se beneficiaron política y económicamente con los hechos de confrontación, violencia y muerte que causaron. Con esta amnistía Evo Morales inició procesos penales y persecución política contra los gobernantes y los Altos Mandos Militares del gobierno constitucional. Los agresores se convirtieron en denunciantes, acusadores, testigos y víctimas, que lejos de contribuir a la verdad de los hechos construyeron un relato falso y manipulado, que la democracia debe esclarecer”, señala la misiva.

Sánchez Berzaín y los demás fundamental su solicitud en que “los decretos de amnistía son una confesión de los delitos cometidos por los agresores a la democracia que derrocaron el gobierno en octubre de 2003” ya que “amnistía es perdón del delito”.

“Pero también, al beneficiar solamente a quienes señala como participantes de la protesta social, se establece un régimen de impunidad, violando las garantías constitucionales de presunción de inocencia, igualdad jurídica, derecho de defensa en juicio e imparcialidad y atentando contra los derechos consagrados por los artículos 3, 6, 7, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos”, añade la misiva.

Además, atacan directamente a Evo Morales, de quien dicen fue el principal beneficiado de la amnistía y “a partir de la falsa narrativa de octubre de 2003 pudo llegar a la presidencia y establecer el régimen dictatorial al que la Nación Boliviana acaba de comenzar a derrotar”.

Cabe recordar que Sánchez Berzaín se refugió en México tras los hechos de sucedidos en octubre de 2003, cuando más de 60 personas murieron fruto de la represión del Gobierno de Sánchez de Lozada a las manifestaciones que pedían su renuncia y se oponían a la decisión de exportar gas por y para Chile a Estados Unidos.

La justicia boliviana ha procesado a Sánchez Berzaín por peculado y genocidio y lo apunta como el como responsable principal de dirigir las fuerzas armadas contra la población inerme.