La Comisión de Fiscales que investiga las presuntas irregularidades en el desarrollo de las Elecciones Generales del 20 de octubre, presentaron hoy la imputación formal en contra del ex vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Idelfonso Mamani  por la presunta comisión de 11 delitos, entre electorales y ordinarios, en el ejercicio de sus funciones.

De acuerdo a los indicios y elementos de convicción colectados, el Ministerio Público imputó a Mamani por los delitos electorales de Falsificación de Documentos y Uso de Documento Falsificado, Manipulación Informática, Alteración y Ocultación de Resultados, Beneficios en función del Cargo.

Además de Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes, Incumplimiento de Deberes, Falsedad Material, Falsedad Ideológica, Uso de Instrumento Falsificado, Alteración, Acceso y Uso Indebido de datos Informáticos.

Por los delitos atribuidos al ex vocal se solicitará la detención preventiva en el penal de San Pedro, en un lugar diferente al ex vocal Antonio Costas, quien se encuentra con detención preventiva.

El fiscal titular del caso, Ronald Chávez, dijo que de acuerdo a la Constitución Política del Estado los vocales del TSE tenían obligaciones “ineludibles e inexcusables” para garantizar la transparencia de todo el proceso eleccionario del 20 de octubre. Sin embargo, el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) indica que existen irregularidades en los cuatro elementos revisados, donde se evidenciaron anomalías, que varían desde muy graves hasta indicativas.

Chávez dijo que aparentemente, desde el momento de procurar la adquisición de las boletas de votación y contratar a la empresa encargada de realizar la impresión de las actas, se identificaron irregularidades y observaciones. Se presume que el TSE adjudicó la impresión del material electoral a una imprenta; sin embargo, el trabajo se habría realizado en otra.

El Fiscal indicó que este aspecto estaba bajo tuición del ahora imputado al igual que de los otros vocales quienes, presuntamente, también fueron los encargados de diseñar el sistema de la cadena de custodia, misma que es seriamente observada por la OEA en su informe oficial.