El ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, aclaró hoy que el proyecto de ley para la pacificación del país consensuado hasta esta madrugada con las varias organizaciones sociales del Pacto de Unidad no es una norma que da impunidad ni exime a nadie de sus responsabilidades legales.

"Hay que aclarar y ser absolutamente precisos en eso, hay que ser claros y contundentes, no es una ley de impunidad, no se exime absolutamente a nadie de las responsabilidades civiles, ejecutivas o penales que pudieran tener", dijo.

El proyecto denominado Ley para la Pacificación del País y para Reafirmar el Ejercicio de los Derechos y Garantías del Pueblo Boliviano fue ampliamente discutido por los dirigentes de las organizaciones sociales y ministros de Estado, además de legisladores, durante el diálogo instalado ayer, sábado, en Palacio Quemado, quienes coincidieron que no debe "existir" en esa norma figura alguna de "impunidad".

Justiniano reiteró que se consensuó con todos los asistentes, sin excepción alguna que ese proyecto de ley no debe orientarse a brindar impunidad a nadie.

Explicó que el fuero sindical no alcanza a delitos de sedición, terrorismo, organización criminal, por lo tanto, nadie puede ampararse en esa figura para evitar un proceso.

"Esa ley va a dar viabilidad a las respuestas del pliego petitorio que fue presentado por la Central Obrera Boliviana y que tendríamos que concluir la reunión (el diálogo) con el resto de los puntos que están pendientes", añadió.

Según datos oficiales el texto consensuado de ese proyecto de ley tiene como objeto garantizar los derechos y garantías de líderes sociales, autoridades electas, dirigentes sindicales, personas movilizadas, actores políticos, ciudadanos en general, entre otros y prohibir las acciones de hecho como aprehensiones arbitrarias y cualquier medida que coacciones el libre ejercicio de derechos y libertades.

En ese marco la Cámara de Senadores que convocó a sesión para esta tarde en la que debía analizar ese proyecto de ley, declaró un cuarto intermedio hasta que se encuentren los consensos definitivos entre todos los sectores y actores políticos sobre las demandas planteadas por las organizaciones sociales.