Tras casi cuatro horas de audiencia cautelar, la juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer, Odalys Serrano, dispuso que el gobernador Esteban Urquizu deberá guardar detención domiciliaria sin derecho al trabajo, dentro del proceso en su contra por la comisión de cuatro delitos.

No obstante, el fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava, señaló que esa instancia apelará la decisión judicial porque se probaron los riesgos procesales que podrían obstaculizar la investigación.

"En el acto se presentó la apelación porque no se comparte con esta decisión, toda vez que se demostró, en audiencia, que concurren los dos presupuestos para la detención preventiva. En audiencia el imputado no ha presentado ningún documento que demuestre que tiene domicilio fijo", dijo.

Nava aclaró que la autoridad jurisdiccional ha comprobado la autoría del imputado por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de bienes del Estado y uso indebido de influencias, además de la existencia de riesgos procesales; sin embargo, resolvió la detención domiciliaria, algo que no comparte el Ministerio Público.

El Gobernador deberá cumplir las medidas sustitutivas mediante la presentación a la fiscalía una vez por semana, prohibición de acercarse a la Gobernación, no podrá comunicarse con el personal de la institución, debe presentar dos garantes, arraigo y detención domiciliaria con vigilancia permanente por un custodio policial, además, no tiene autorización para trabajar.