La Paz, 12 de septiembre (Oxígeno).- La Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió este viernes un pronunciamiento en el que  revela su preocupación  por el juicio de responsabilidades contra las magistradas del Tribunal Constitucional (TC) Ligia Velásquez y Rosario Chanez, acusadas de   los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a las leyes y prevaricato por emitir el Auto Constitucional 0106/2014-CA del 13 de marzo de 2014 que puso en suspenso la aplicación de la Ley Notariado Plurinacional.

“Preocupa a la Oficina que en este juicio, debido a la forma en  la que se han llevado a cabo varios actos procesales, éstos podrían estar vulnerando las garantías del debido proceso de las acusadas, particularmente su derecho a la defensa plena. Preocupa también que dicho proceso podría comprometer y afectar la independencia judicial en el país”, cita parte de un comunicado emitido por la ONU.

Asimismo, la Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indicó que cualquier proceso sancionatorio en contra de jueces, juezas, magistrados y magistradas debe ser “estrictamente respetuoso de las garantías del debido proceso y sus miembros deben actuar con imparcialidad e independencia”.

La petición fue hecha en el marco de los tratados suscritos por Bolivia que integran el bloque de constitucionalidad; así como los  Principios Básicos de las Naciones Unidas Relativos a la Independencia de la Judicatura, y la jurisprudencia vinculante de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos. 

“La Oficina seguirá monitoreando el proceso con  la atención debida”, añade el comunicado.

En junio, la presidenta de la Asociación de Notarios de Potosí, Norka Soto y la titular del Tribunal de Honor de la Asociación del Notariado Boliviano, Geovanna Udaeta España, activaron el proceso.  

La Cámara de Diputados remitió al Senado, el jueves 31 de julio, la Resolución Acusatoria contra las dos magistradas. La Cámara Baja solicitó al Senado aplicar la pena de 10 años de privación de libertad para ambas autoridades suspendidas de sus cargos, según las normativas legales, de acuerdo al documento firmado por el presidente de la Comisión de Justicia Plural  de la Cámara Baja, Juan Carlos Cejas.

La Cámara de Senadores definió comenzar con el proceso el 21 de octubre próximo.

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