La comisión del Comité pro Santa Cruz que por tercer día recorre por la Chiquitania estima que en los municipios de Concepción y San Ignacio de Velasco, habrían 392 ocupaciones. Y, en San José de Chiquitos –donde se reunirán hoy- existirían otros 405 asentamientos observados, totalizando 797 comunidades calificadas de ilegales.

El Deber informa que ayer por la mañana, la comisión de tierras se reunió con autoridades de Concepción. José Ernesto Serrate, cívico del Bloque Chiquitano, dijo que fueron identificadas 60 comunidades establecidas con documentación, pero que en total tienen 300 nuevas comunidades, por lo que 240 serían ilegales.

“La información se toma del POA municipal. Se consideran ilegales porque no tienen personería jurídica ni nada que los reconozca ante la Alcaldía”, afirmó.

En San Ignacio de Velasco, las autoridades informaron que entre 2011 y 2018 se fundaron 152 comunidades, según un reporte del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA); sin embargo, no estaban contempladas en el POA.

“A estas nuevas comunidades que aún no tienen recursos de la participación popular, igualmente las atendemos con agua y salud por cuestiones humanitarias, pero los cívicos nos pidieron que suspendamos todo tipo de asistencia hasta que se haga una auditoría técnica al INRA y se precise el total de las comunidades ilegales”, indicó Moisés Salces, alcalde de San Ignacio de Velasco.

Por su parte, Germaín Caballero, alcalde de San José de Chiquitos y presidente de la Mancomunidad de Municipios Chiquitanos, informó a El Deber que identificaron 470 nuevas comunidades asentadas en los últimos ocho años, de las cuales solo 35 cumplen con su función socioproductiva, y otras 30 gestionan su reconocimiento ante la comuna. Por lo que 405 serían irregulares.

El vicepresidente Álvaro García Linera reconoció ayer que cualquier asentamiento ilegal debe ser desalojado, pero que eso “no va a suceder a gusto del cliente”, pues antes se debe hacer una auditoría y coordinar el trabajo con instituciones como el INRA.

Mientras, la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz se declaró en emergencia por las amenazas de desalojos emitidas por los cívicos cruceños, y pidió al Ministerio Público “iniciar acciones legales en contra de sus representantes”.

Luis Fernando Camacho, presidente cívico, cuestionó al INRA por la falta de transparencia en la transmisión de datos a los municipios. “El INRA no tiene la voluntad ni política ni técnica para darle la información. Hay (comunidades) sin aprobación de los alcaldes como debe ocurrir por un tema presupuestario”, apuntó.