La Paz, 09 de mayo (Oxígeno).- Los periodistas del diario de La Razón se han declarado en estado de emergencia ante una resolución que emitió el juez décimo de Instrucción en lo Penal de La Paz, Jhonny Machicado Apaza, en el que ordena el levantamiento del secreto de la fuente, tras la publicación sobre un reportaje referente a la demanda marítima. 

Un comunicado publicado del sindicato de trabajadores señala: “Los periodistas de La Razón nos declaramos en estado de emergencia en contra de la actuación del juez 11º de Instrucción en lo penal, Jhonny Machicado Apaza, que de manera sumaria y sin escuchar a las partes, ha emitido una resolución en la que dispone el “levantamiento del secreto de fuente”.

Añade  que también están en contra de la actuación del fiscal de materia, Facundo Coronel Choque, quien ha solicitado también” el levantamiento del secreto de fuente”, sin convocar a las partes involucradas y de forma expedita, indica.

La denuncia fue presentada el 22 de abril por el Procurador General del Estado, Héctor Arce, el fiscal se pronunció el 25 de abril y el juez lo hizo el 29 de abril.

"Toda esta actuación fue realizada en el más absoluto secreto, sin que ninguno de los involucrados conozca las intenciones del procurador general del Estado, Héctor Arce, de atentar en contra del artículo 8 de la Ley de Imprenta, que señala que el secreto en materia de imprenta es inviolable”, dice el mencionado comunicado.

Los periodistas de La Razón aludidos fueron convocados el 7 de mayo, cuando todo ese proceso “secreto” había sido consumado de manera expedita, dice el aviso.

Los acusados de cualquier “delito” tienen derecho a la defensa y los supuestos yerros de los medios de comunicación tienen que procesarse en los jurados de imprenta, como establece la Constitución Política del Estado y la Ley de Imprenta. El juez Jhonny Machicado Apaza debió declinar competencia y no lo hizo, de forma cuestionable.

"En efecto, los periodistas de La Razón estamos en estado de emergencia, denunciamos este proceso oscuro y nos reservamos el derecho de llevar adelante acciones en defensa de la libertad de expresión e información, de la Ley de Imprenta y del secreto profesional en materia de imprenta”, añade.