Bolivia perdió al menos 1.134 millones de dólares por la evasión impositiva de empresas que aprovecharon los paraísos fiscales entre 2015 y 2017, según el informe de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que investigó el caso. Ante esta cifra, las autoridades del Ejecutivo y anunciaron la aprobación de una ley para combatir la defraudación fiscal.

La presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, en la presentación del 'Informe de Conclusiones de la Comisión Especial Mixta de Investigación de los Papeles de Panamá' afirmó que de "septiembre del 2015 a mayo del 2017 hablamos, aproximadamente, de 1.134 millones de dólares que habían sido destinados a paraísos fiscales para no rendirle pago de impuestos al Estado (...), con esos impuestos construirías unidades educativas, construiría hospitales, etcétera", señaló.

"Aquí no se trata solamente de realizar un señalamiento, lo más importante de esto es generar las condiciones de fortalecimiento institucional y en eso consiste el proyecto de ley que nos comprometemos a reponerlo en la agenda legislativa en los siguientes seis meses que quedan de este período legislativo, además de iniciar un proceso real de comprender el daño económico que esto (la evasión fiscal) genera al Estado", agregó Salvatierra.

Por su parte, el ministro de Comunicación, Manuel Canelas, destacó la iniciativa de la Asamblea para combatir la evasión fiscal mediante una norma específica contra el uso de paraísos fiscales y convocó a un diálogo interinstitucional para encontrar soluciones a ese problema.

"Nosotros necesitamos que la gente entienda que eso es un problema para que todos los proyectos políticos, todos los representantes políticos (...), empiecen a acompañar lo que se está haciendo desde Impuestos internos y desde la UIF (Unidad de Investigaciones Financieras), a redoblar los esfuerzos para que nuestro Estado esté más fortalecido a la hora de combatir estos flujos de capitales tramposos que siempre tienen una mala intención", dijo el ministro.

En la presentación del informe, también participaron el presidente del Servicio de Impuestos Nacionales, Mario Cazón, y la directora de la UIF, Teresa Morales.

Según información de la comisión que investigó el caso, el empresario Samuel Doria Medina uso paraísos fiscales para la evasión tributaria en la venta de las acciones de la cementera Soboce a un consorcio mexicano: además, la familia del también opositor Branco Marincovik tendría una variedad de empresas que aprovechaban los paraísos fiscales; entre los vinculados con el supuesto blanqueo de dinero también estaba Luis Fernando Camacho, el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, quien habría sido “intermediario” en el esquema offshore.

En 2016, el diario alemán Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicaron más de 11.5 millones de documentos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, considerado el cuarto proveedor mundial de paraísos fiscales, que desvelan como miles de personas ocultan su patrimonio en sociedades situadas en paraísos fiscales. Ante esta revelación, la ALP conformó una comisión para investigar la participación de empresas bolivianas.