Denuncian que el Gobierno inició una “guerra sucia” en contra de Carlos Mesa por el caso Lava Jato
Carlos Alarcón, el abogado de Carlos Mesa, reaccionó a las acusaciones de la diputada Susana Rivero, que señaló que encontró "serios indicios" que vinculan al exmandatario con el caso Lava Jato.
Carlos Alarcón, el abogado del candidato presidencial por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), Carlos Mesa, denunció que el Gobierno inició una “guerra sucia y despiadada” en contra de su defendido por el caso Lava Jato en Bolivia.
“Estamos viviendo una guerra sucia y despiadada contra el expresidente Mesa para desacreditarlo y eso se ve en las redes sociales y medios de comunicación”, dijo en una rueda de prensa.
Esta mañana, la presidenta de la Comisión Especial Mixta de Investigación de Sobornos del Caso Odebrecht y Lava Jato en Bolivia, Susana Rivero, afirmó que la investigación concluyó y encontró indicios de responsabilidad en el expresidente Carlos Mesa.
“Hemos encontrado estos movimientos inusuales y sospechosos en las cuentas de Carlos Mesa, en exministros y exviceministros. La Comisión ha enviado a la Asamblea su informe y tenemos suficiente información para que se incluya en la investigación a exministros, exviceministros y al propio Carlos Mesa", indicó Rivero, a tiempo de especificar que se evidenció que el expresidente tiene 16 cuentas bancarias en cinco bancos del país.
Rivero, además, señaló que los contratos suscritos por supuestos sobornos de parte de la firma brasileña fueron firmados durante el Gobierno de Mesa y aseveró que no hubo ese tipo de contratos en la gestión de Evo Morales.
Al respecto, Alarcón señaló que el caso Lava Jato es, en realidad, un caso de “Quiborax II” ya que se busca encubrir a los verdaderos responsables.
"Esta comisión se la ha creado con una suerte de encubrimiento, como el caso Quiborax, porque este es un caso que tiene que ver con las gestiones de Gobierno de los expresidentes Eduardo Rodríguez Veltzé y Evo Morales", señaló.
Enfatizó que junto a Mesa están dispuestos a someterse a cualquier indagación sobre sus estados financieros, tanto de medios de comunicación como por parte de ciudadanos, recordando que el expresidente ya solicitó que se levante su secreto bancario.