La Paz, 7 de mayo (Oxígeno).-    El asesor jurídico de la quebrada Cooperativa de Ahorro y Crédito Societaria San Luis,  Juan Carlos Díaz, denunció a la diputada por Convergencia Nacional (CN) Adriana Gil de apoderarse de más de un millón de dólares producto de un préstamo que efectuó hace cuatro años atrás y que a la fecha no devolvió. Se espera devolver ese dinero a los ahorristas.

De acuerdo con el abogado, en la gestión 2010 la parlamentaria junto a su madre, se prestó  un millón 300 mil dólares  con ayuda del ex Gerente Financiero  de esta entidad, quien guarda detención por mal manejo económico.

“Tengo entendido que gracias  a la ayuda de él (el exgerente)  y otros funcionarios accedieron al préstamo a sola firma y la garantía solo sería una Letra de Cambio. Entonces  si ella (Adriana Gil) sacó el dinero, debe devolverlo, es decir cancelarlo”, señaló Díaz a la red ATB.

Agregó que el dinero de ese préstamo pretende ser utilizado para la devolución de los ahorros a 12.000  personas que confiaron  en la  financiera que está en quiebra.

Admite préstamo

 La diputada Adriana Gil,  admitió haber logrado el préstamo de la cooperativa para reinvertirlo en una propiedad, pero a cambio dejó como garantía otro inmueble.

 “Yo he declarado ese préstamo en la Contraloría, es un crédito de 90 mil dólares. Eso de que me presté un millón de dólares es falso. Esa declaración que  hice en la Contraloría es pública”, dijo.

Lamentó que algunas autoridades se presten a desprestigiar su imagen y la de su madre, por lo que aseguró no descansará hasta verlas en la cárcel.

En las próximas horas  Adriana Gil viajará  a Santa Cruz para solucionar el problema, más cuando existe la intención de un grupo de familiares del presidente Evo Morales de avasallar el terreno que  puso como garantía  para obtener el préstamo.

“Lamento que esta gente se preste a este tipo de infamias y calumnias. Y lo que ha hecho el presidente Morales es usar a sus familiares para quitarme lo ajeno, eso se llama ser ladrón”, concluyó la legisladora.

El 16 de agosto de 2012, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) presentó una querella criminal por los delitos de estafa con víctimas múltiples y asociación delictuosa contra al menos 15 personas responsables de la quiebra.