La decisión del Gobierno argentino decidió no seguir adelante con la obra concebida para importar gas de Bolivia, aunque eso no impediría la utilización de la infraestructura ya instalada para llevar gas por redes, en el futuro, pero invirtiendo el flujo original: del sur al norte.

En un artículo especial para Clarín, la periodista Cledis Candelaresi justifica la decisión oficial firmada por el exministro de Energía argentino (Secretario del área desde la reestructuración del Gabinete de la semana pasada), Javier Iguacel, enumerando una serie de presuntas irregularidades a lo largo de la construcción del tendido de 3018 kilómetros de caños, troncales y de aproximación, y asegura que en todo caso la decisión de traer gas de Bolivia se tomó “cuando no existía la generosa oferta potencial de Vaca Muerta”.

En la nota Candelaresi afirma que durante más de una década el Estado desembolsó en el Gasoducto del Nordeste, casi 2300 millones de dólares, el doble de su presupuesto original, “a través de licitaciones en las que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) identificó vicios que irían desde la falta de planificación a licitaciones amañadas y sobreprecios”.

“Se trata de una obra pública que el otrora Ministerio de Planificación decidió ejecutar en etapas, abriendo el juego a muchos oferentes, algunos de renombre, otros ignotos en el rubro y varios ahora complicados con la investigación sobre el dinero negro que empresas privadas pagaron a funcionarios en el marco de la obra pública. Entre ellas Vertúa, que debía ejecutar el primer tramo del ducto (EPC1), que en Salta permitiría conectar todo el tendido con la cuenca boliviana”, apunta.

Señala que el contratista no concluyó la tarea y en un nuevo concurso el tramo fue otorgado a Techint, pero finalmente “la posibilidad de que Argentina sea superavitaria en gas, unida a las restricciones fiscales, hicieron que el Gobierno tomara la decisión de no construirlo, abortando el proyecto tal como fue concebido”.

Más allá de los potenciales usos para que los 3018 kilómetros de caños no se transformen “en un monumento al despilfarro de fondos públicos”, lo cierto es que Bolivia, que había comprometido en un contrato hasta 2026 proveer 26 millones de metros cúbicos diarios del gas que por distintos especialistas era considerado el más barato de los importados, no será el proveedor.

Irregularidades

“El GNEA fue licitado por tramos a partir del 2007 y debía estar terminado en el 2009. Pero las sucesivas modificaciones y controversias con los oferentes de cada tramo extendieron los plazos y multiplicaron con creces su presupuesto inicial”, destaca el artículo.

Tras una auditoría general de la obra llevada a cabo por la Sigen que concluyó en abril de 2017, se determinó que hubo “falta de estudios de preinversión y análisis de la demanda futura que justificaran el emprendimiento. Falta de sustento económico financiero, ya que la obra ni siguiera fue prevista en los presupuestos públicos”.

Según el informe firmado por los síndicos Ignacio Rial e Ignacio Días Zavala, “los contratos en ejecución sumaban US$ 217.912.015. Y según la última versión del proyecto, sólo se había concretado el 66,15% del avance, por lo que la obra faltante implicaba desembolsar US$ 563.200.000”.

El Gasoducto del Nordeste fue declarado de interés nacional por el decreto 267/07 en el que se previó una inversión total de US$1.382.557.000 para 1.500 kilómetros de extensión. Según los síndicos, los pliegos incluyeron “cláusulas susceptibles de restringir la concurrencia de oferentes” y hubo “mínimos parámetros de exigencia” de antecedentes, disociados de la envergadura de la obra. Además no se constató que en todos los casos se haya hecho la convocatoria a licitación a través del Boletín Oficial.