Quiborax
César Sánchez
25/07/2018 - 18:42

Carlos Mesa se declara víctima de una “justicia podrida” y reitera que el Gobierno busca encarcelarlo

"Tienen urgencia de condenarme antes de producirse cualquier proceso político”, señaló Mesa, a tiempo de reiterar que el Ministerio Público y el TSJ son brazos operativos del Gobierno de turno.

Carlos Mesa. Foto: Los Tiempos

El expresidente del Estado, Carlos Mesa, brindó una conferencia de prensa minutos después de que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidiera remitir el requerimiento acusatorio en su contra a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para que esa instancia apruebe o no el inicio de un juicio de responsabilidades por el caso Quiborax.

El exmandatario aseguró ser una víctima más de una “justicia podrida” y no dudó en declararse como un perseguido político de parte del Gobierno encabezado por Evo Morales.

“Lo que está haciendo el presidente Evo Morales es un proceso de demolición de mi figura política y mi honor personal. Esta estrategia de demolición se traduce en la vergonzosa acusación en contra de  alguien que ha nacionalizado el Salar de Uyuni y que ha expulsado a una empresa pirata. Soy víctima de una persecución política, de una criminalización política y soy consciente que mi deber es mostrar al país que el sistema de justicia está podrido”, dijo.

En esa línea, Mesa señaló que no se prestará a “seguirle el juego al Gobierno”, que trata de electoralizar el momento para dejar de lado el 21- F y dar por hecho la respostulación de Morales.

“Miles de bolivianos sufren por esta justicia podrida que está en manos del poder ejecutivo, pero no voy a jugar el juego que el Gobierno quiere, la electoralización prematura del proceso del 2019 con el objetico de decir que la oposición está eligiendo al potencial adversario de Morales. Evo Morales no puede ser candidato”, afirmó.

Además, el exmandatario boliviano señaló que no es optimista respecto a la imparcialidad de la ALP, de mayoría oficialista, para que archiven su caso; pero dijo que les da el beneficio de la duda.

“No soy optimista, el Movimiento al Socialismo tiene dos tercios, pero primero tiene que formarse una Comisión Mixta que eleve un informe al plenario y el plenario tomar una decisión (…) No quiero adelantar criterio pero no soy optimista por este escándalo que está pasando”, señaló.

Por otro lado, Mesa también ratificó que el objetivo final del proceso que se le busca iniciar es encarcelarlo. Aseguró que no se trata de una victimización – como había señalado el presidente del Senado, José Alberto Gonzales- sino que es una realidad contemplada en el sistema penal boliviano.

“Un juicio de responsabilidades es en el fondo un juicio penal y todo juicio penal tiene como objetivo la cárcel. Sería bueno que el Presidente del Senado se entere de cómo funciona el sistema penal boliviano (…) El objetivoo es la cárcel porque ese el objetivo de un juicio penal”, aseveró.

Finalmente, el Vocero de la demanda marítima también cuestionó la velocidad con la que se avanza en este caso y señaló que el Gobierno tiene prisa de inhabilitarlo políticamente de cara a los procesos electorales del 2019.

“No conozco ningún antecedente (de solicitud de un juicio de responsabilidades) que haya ido a la velocidad en la que está yendo este juicio. Tienen urgencia de condenarme antes de producirse cualquier proceso político”, sentenció.

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) determinó remitir a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el requerimiento acusatorio en contra de Carlos Mesa para que sea esa instancia la que autorice, o no, el inicio de un juicio de responsabilidades en contra del expresidente por el caso Quiborax.

Tras una sesión que se alargó por poco más de una hora, la Sala Plena del TSJ ratificó lo que ayer había determinado su Sala Penal, en sentido de recomendar la apertura del juicio de responsabilidades  en contra del expresidente Carlos Mesa  por supuestos delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, y conducta antieconómica por haber generado las condiciones para que el Estado sea obligado a pagar 42,6 millones de dólares a la empresa chilena que demandó un arbitraje internacional.

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