El subprocurador Javier Moncada, ofreció una conferencia de prensa para leer públicamente la respuesta que el procurador general del Estado, Pablo Menacho, mandó a Calor Mesa, que ayer pidió a la Procuraduría retirar la proposición acusatoria en su contra por el caso Quiborax o, caso contrario, presentar un pedido similar en contra del presidente Evo Morales por la “ilegal” nacionalización de la empresa eléctrica de Guaracachi.

En la misiva, leída por Mondaca, el Procurador aseveró que ninguna de las dos solicitudes que realizó Mesa merece el menor análisis y presentó datos y citas textuales de las resoluciones finales de los tribunales de arbitraje que atendieron ambos casos para justificar la legalidad de la nacionalización de Guaracachi y la ilegalidad en la que se incurrió en el caso Quiborax.

“A diferencia de la ilegal revocatoria de las concesiones mineras de Quiborax, la nacionalización de la empresa eléctrica Guaracachi no fue una medida improvisada, se dio por mandato de la Constitución Política del Estado. Se realizó cumpliendo el derecho internacional y se dio no solo para generar mejores condiciones de vida a la población sino que genera ingresos para el Estado”, señala el documento,.

En ese sentido, Menacho señala que la nacionalización de Guaracachi se dio cumpliendo todo lo estipulado en el derecho internacional” y resalta que, por eso, un Tribunal arbitral de la Corte Permanente de Arbitrajes, avalado por la ONU, reconoció la legalidad de esta apropiación.

“Un Tribunal Arbitral de la Corte Permanente de Arbitrajes reconoció como lícita dicha nacionalización y dispuso solo el pago del valor de la empresa, monto de dinero que incluso fue reducido por una negociación efectiva que le ahorró al pueblo boliviano 10 millones de dólares”, añade el Procurador en la misiva que envió a Carlos Mesa.

En ese sentido, según la lectura de Mondaca, el Procurador presenta citas textuales del veredicto que dio el Tribunal de la Corte Permanente de Arbitrajes respecto a Guaracachi y los compara con los argumentos que dio el Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) para declarar como ilegal la revocatoria de las concesiones mineras de Quiborax, razón por lo que el Estado tuvo que pagar 42,6 millones de dólares a la empresa chilena.

En ese sentido, recalcó que la nacionalización de Guaracachi se llevó adelante en conformidad a la legislación boliviana y acorde a la exigencia del derecho internacional; todo lo contrario a lo que pasó en el caso de Quiborax.

“Es importante hacer notar las diferencias entre una mala y buena nacionalización”, señaló el Procurador, a tiempo de señalar que la nacionalización en el caso de Quiborax “no generó ningún beneficio al país y produjo un gasto de 42, 6 millones de dólares (…) En cambio, la nacionalización de Guarachi generó 31,6 millones de dólares en utilidades, además de aportes tributarios”, resaltó Menacho.

Finalmente, en la misiva, Menacho critica que Carlos Mesa busque eludir su responsabilidad basándose en una serie de “argumentos falaces”, como que hubiera habido una mala defensa del Estado en el caso Quiborax. Además, criticó que se haya negado a colaborar en el trabajo de la justicia.

“Está claro que a usted nadie le quiere endilgar ningún muerto, sino que se busca establecer las responsabilidades correspondientes sobre el caso Quiborax”, añade la misiva.

Cabe recordar que la Fiscalía aceptó la proposición acusatoria presentada por la Procuraduría en contra de Carlos Mesa por supuestos delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, conducta antieconómica, entre otros, por haber generado las condiciones para que el Estado sea obligado a pagar 42,6 millones de dólares a la empresa chilena que demandó un arbitraje internacional.

Ayer, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) recomendó el juicio de responsabilidades en contra del exmandatario y la Sala Plena de esa institución tratará hoy la solicitud para mandar el caso a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Esta es la carta que el Procurador envió a Carlos Mesa:

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