La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), mediante un comunicado, afirmó que autoridades del Gobierno intentan eludir las responsabilidades que les impone el convenio 131 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

"Nos preocupa que autoridades del Gobierno Nacional intenten eludir la responsabilidad que les impone el Convenio N° 131, cuestionando nuestro derecho a exigir su cumplimiento y, sobre todo, poniendo en duda la transparencia y ecuanimidad de la propia OIT, una entidad internacional muy respetada, que cuenta con casi 100 años de labor en defensa de los derechos de los trabajadores.  Esto es más grave aún si consideramos que el Ministro que asistió a la sesión que debatió este tema, una vez que conoció la resolución 'indicó que el Gobierno va a proceder al análisis de las conclusiones y examinar cómo implementarlas'”, dice el comunicado en su primer punto.

Además, señalaron que el convenio de la OIT, al ser reconocido en el bloque de constitucionalidad, está por encima de la Constitución Política del Estado (CPE).

“(La OIT) ha dejado claramente establecido que los mecanismos que ha utilizado el Gobierno boliviano, en estos años para fijar el salario mínimo, no corresponden al espíritu del Convenio 131 y deben adecuarse a la norma”, señala el comunicado de la CEPB sobre la resolución de la OIT.

La Comisión de Aplicación de Normas de la OIT, en su resolución plantea que el gobierno boliviano ha utilizado mecanismos que no corresponden al espíritu del Convenio 131 y que debe adecuarse a la norma. Los empresarios sostienen que "cuando las autoridades del Gobierno afirman que se va a continuar con la misma práctica reconocen, abiertamente, su voluntad de persistir en el incumplimiento a dicho Convenio, lo que debiera ser aclarado por el Gobierno frente a la OIT y al pueblo boliviano".

Después de conocerce la resolución de la OIT, el ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, rechazó la posición de los Empresarios Privados y aseguró que se cumple el Convenio 131, referido a la negociación del incremento salarial, en apego a la Constitución Política del Estado.

"El Estado cumple a cabalidad precisamente el convenio que hemos firmado con la OIT, eso debe quedar claro, eso significa que los empresarios privados deben admitir que el Estado está fijando un salario mínimo, precisamente atendiendo que en nuestro país debe existir un trabajo digno", afirmó y amentó que la comisión de la OIT emita observaciones de carácter político.

El Convenio 131 de la OIT fue ratificado por Bolivia mediante la Ley Nº 2120 del 11 de septiembre de 2000 y, por lo tanto, este convenio se constituye en la norma que debe regular los mecanismos para la fijación de salarios mínimos en Bolivia.