El expresidente del Estado y actual vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa, envió una carta al Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP), Germán Taboada, pidiéndole que desestime la absolución e inicie medidas judiciales en contra de los acusados de falsificación que dieron pie a la demanda de Quiborax en contra del Estado y por el que el país tuvo que pagar una indemnización de 42,6 millones de dólares.

En su misiva, Mesa solicita textualmente que “se retire el desistimiento de la acusación que la AEMP hizo para permitir la absolución del empresario acusado de falsificación en el caso Quiborax, Allan Fosk”.

Mesa señala que “la sentencia condenatoria ejecutoriada contra David Moscoso (por falsificación) permitía a nuestro Estado iniciar acciones judiciales complementarias para recuperar el daño económico causado por este arbitraje, tramitado sobre una base delictiva”, pero aclara que “esto no será posible si no se continúa con el proceso penal contra el ciudadano chileno Allan Fosk y los otros coprocesados, por la evidente contradicción que existe entre los desistimientos de la acusación pública y particular, con la consecuente sentencia absolutoria, y la condena penal ejecutoriada en contra de David Moscoso”.

Además, Mesa asegura que la Decisión del Laudo Arbitral del caso Quiborax no obliga al Estado “a extinguir ningún proceso penal que se vincule o relacione con la materia decidida en este arbitraje”.

“El desistimiento de la acusación pública y particular, y la resolución judicial de absolución, dejan de lado y entran en contradicción con la sentencia condenatoria ejecutoriada de David Moscoso, pronunciada el 14 de agosto de 2009 por los delitos de falsificación y uso de documento falsificado, en virtud de los cuales se forzó ilegalmente la realización de este arbitraje en contra de nuestro Estado”, añade el ex mandatario.

Y agrega que la sentencia condenatoria ejecutoriada asume “que el perjuicio causado a Bolivia como efecto de los delitos de falsificación y uso de documento falsificado, consistió en forzar delictivamente la realización de este proceso arbitral, que no hubiera existido si no se hubieran cometido estos delitos”.

Así, mesa continúa con su defensa después de que la Fiscalía, el pasado lunes, presentara un requerimiento acusatorio en contra de Carlos Mesa por supuestos delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, conducta antieconómica, entre otros, por supuestamente haber generado las condiciones para que el Estado sea obligado a pagar 42,6 millones de dólares a la empresa chilena que demandó un arbitraje internacional.