Los diputados de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría, Rafael Quispe y Julio Huanca presentaron ante el Ministerio Público una denuncia formal por el caso Quiborax en contra del fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco; de los ministros de Justicia, Héctor Arce y de Minería, César Navarro; del procurador general del Estado, Pablo Menacho; de la exministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi ;y la exsubprocuradora, Carmiña Llorenti.

La denuncia en contra de las autoridades de Gobierno y dos fiscales fue realizada por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y fraude procesal por el caso Quiborax. Esta se suma a la presentada por el expresidente Carlos Mesa, en contra de las mismas autoridades. 

La denuncia contra el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco y el fiscal de Materia, Flavio Maldonado, es por el desistimiento del proceso en contra de ocho miembros de la empresa Non Metallic Minerals-Quiborax, quienes fueron absueltos de los cargos de uso de instrumento falsificado, falsedad ideológica y fraude.

 “Se ha hecho un amplio análisis con la documentación que se ha conocido en las últimas semanas y eso se ha sintetizado en un amplio memorial que plantea esta denuncia contra todas estas autoridades”, indicó Santamaría.

De acuerdo con el memorial, presentado ante la Fiscalía General del Estado, se atribuye a las actuales autoridades como responsables del daño económico al Estado dentro de este caso por el pago de 42,6 millones de dólares a la empresa NMM-Quiborax, cuando el acta de constitución de la firma chilena fue falsificado, hecho del que se deplora que no fuera impugnado. Además se cuestiona al Ejecutivo por no validar los acuerdos previos al fallo arbitral del CIADI, entre los cuales se encontraba un acuerdo por el pago de sólo 3 millones de dólares.