El expresidente del Estado y actual vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa, presentó un memorial al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)  solicitando la anulación del requerimiento acusatorio que la Fiscalía presentó en su contra por el caso Quiborax.

“Solicito a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, que dentro del caso denominado ‘Quiborax’, y en aplicación del artículo 168 del Código de Procedimiento Penal, disponga la anulación de las actuaciones del Fiscal General del Estado hasta el vicio más antiguo, que incluye su resolución de admisión de la Proposición Acusatoria y todas las actuaciones posteriores de ésta autoridad y ordene que las investigaciones preliminares dentro de este caso se sujeten a  los elementos de juicio proporcionados por todos los sujetos procesales intervinientes en este proceso”, señala el memorial que Mesa hizo llegar a la máxima instancia de justicia del país.

En su memorial, Mesa señala que el Ministerio Público tomó la decisión de acusarlo “sin tomar en cuenta, previamente, elementos de juicio esenciales para determinar de manera independiente, imparcial, objetiva, transparente y justa la materia justiciable presente en este caso y a quienes corresponde atribuirla”.

En ese sentido, Mesa señala que la Fiscalía no tomó en cuenta su decreto supremo de revocatoria y expulsión; la decisión del Superintendente de Minas de su Gobierno de anulación de las concesiones de esta empresa; y el decreto del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé que abrogó su decreto supremo y dio por bien hechas y ejecutoriadas las anulaciones del Superintendente de Minas.

Además, el Vocero de la demanda marítima señala y critica que la Fiscalía no haya citado a declarar al ex mandatario Rodríguez Veltzé ni a los directos involucrados en el caso, tal como los abogados Leny Ericka Chávez Barrancos, la ex subprocuradora Carmiña Llorenti Barrientos y Dante Justiniano Segales, “que podrían haber aportado elementos de juicio importantísimos sobre la redacción conjunta entre abogados y personeros chilenos de las empresas demandantes y funcionarios de la Procuraduría de proyectos de acuerdos económicos, retiros de acusaciones y sobreseimientos a favor de Allan Fosk y otros ocho coprocesados, en el juicio penal por falsificación del capital accionario que permitió la realización ilegal del arbitraje en contra de Bolivia”, resalta.

Y añade que “la excusa de estas gravísimas omisiones del Fiscal General del Estado es que la investigación de estos hechos correspondería a un proceso penal ordinario y no a un juicio de responsabilidades, al no estar involucrado un Presidente o Vicepresidente de Estado”.

Además, señala que la Fiscalía no tomó en cuenta los memoriales e información que presentó él mismo para realizar una contradenuncia, entre otros, al ministro de Justicia, Héctor Arce; al procurador Pablo Menacho, al ministro de Minería, César Navarro; y a la subprocuradora Carminia Llorenti.

“La falta de independencia, imparcialidad y objetividad del Fiscal General del Estado, quedan evidenciadas porque esta autoridad sólo tomo en cuenta elementos de juicio proporcionados en la Proposición Acusatoria y dejó de lado los elementos determinantes de nuestra denuncia”, recalca.

En ese sentido, Mesa señala que el TSJ, en su rol de Tribunal de Garantías, debe realizar “una profunda evaluación de todas las omisiones y vicios de nulidad absoluta denunciados en este memorial con relación a la intervención del Fiscal General del Estado” y disponer “las medidas correctivas y de nulidad que correspondan”.

Ayer, la Fiscalía General del Estado decidió aceptar la proposición acusatoria presentada por la Procuraduría General del Estado en contra de Carlos Mesa por el caso Quiborax y presentó un requerimiento Acusatorio de Juicio de Responsabilidades al Tribunal Supremo de Justicia por los delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes; Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica.

Según el procedimiento legal, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) deberá autorizar el juicio de responsabilidades para que la Fiscalía General del Estado inicie la investigación del caso Quiborax.

Cabe recordar que el pasado 22 de mayo, la Procuraduría presentó ante el Ministerio Público una proposición acusatoria contra Mesa por considerarlo responsable de que la empresa Quiborax haya denunciado al Estado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y por el que el país tuvo que pagar una indemnización de 42, 6 millones de dólares.