La Universidad Pública de El Alto (UPEA) informó, a través de un comunicado, que determinó mantener el estado de emergencia y las movilizaciones permanentes, pero los estudiantes retornarán a clases. El Gobierno mantiene que las protestas son injustificadas porque el aporte adicional de 70 millones de bolivianos a su presupuesto es suficiente para garantizar su funcionamiento.

La UPEA mantiene sus demandas: el esclarecimiento de la muerte del estudiante Jonathan Quispe, la renuncia de los autores materiales e intelectuales de su asesinato; la modificación de la Ley 195 de Coparticipación tributaria; el incremento del presupuesto para todo el sistema de la Universidad boliviana; y el rechazo a la propuesta de refundación de la Universidad, solicitada por el presidente Morales.

La Universidad alteña mantiene protestas desde hace siete semanas, marchando y bloqueando El Alto y La Paz, además organizaron una marcha desde Patacamaya, intentaron ingresar a la plaza Murillo y mantienen piquetes de huelga de hambre.

Durante las últimas semanas, autoridades del Gobierno y de la UPEA han mantenido conversaciones con posiciones encontradas que no han posibilitado un acercamiento. El viernes hubo un desencuentro, ante la inasistencia de los dirigentes de la UPEA a una reunión programada para la tarde, el Gobierno criticó la falta de voluntad de sus dirigentes por solucionar el problema y el que los docentes sigan cobrando sus sueldos a pesar de no pasar clases.

La posición del Gobierno

El viceministro de Presupuesto del Ministerio de Economía, Jaime Durán,  aseguró, en conferencia de prensa el fin de semana, que los 70 millones de bolivianos adicionales que se les otorgó mediante una ley, son suficientes para que esta casa de estudios superiores puede concluir "tranquilamente" la presente gestión.  

"Los únicos perjudicados de este conflicto que ya no tiene ninguna razón de ser son precisamente los estudiantes, en ese sentido hacemos un llamado a que ya se pueda retornar a clases", afirmó.   

Durán también reiteró la predisposición del Gobierno para reanudar el diálogo.