El presidente de Bolivia, Evo Morales, descalificó y rechazó “enérgicamente” el informe presentado ayer por el Gobiernos de los Estados Unidos en el que incluye al país en su lista negra de países que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas

A través de su cuenta de Twitter, Morales señaló que los Estados Unidos “no tiene la autoridad moral ni legal” para certificar o no el trabajo de otro país.

“EEUU no tiene la autoridad moral ni legal para certificar o descertificar a ningún Estado soberano. Bolivia rechaza enérgicamente el intento de ese país de pretender mellar nuestro compromiso en contra de la trata y tráfico de personas”, señaló.

Además, Morales aseguró que EEUU utiliza la excusa del tráfico de personas para atacar al país.

“Como EEUU no puede criticar nuestra política de lucha contra el narcotráfico, utiliza cualquier excusa para atacarnos. Bolivia no solo cumple sus compromisos, sino que trabajamos junto a nuestros vecinos y la comunidad internacional para combatir la trata y tráfico de personas”, señaló.

Ayer, Estados Unidos incluyó a Bolivia y a Birmania en su “lista negra” de países que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas, una medida que puede llevar a la imposición de sanciones, y en la que mantuvo a Venezuela, Rusia, Irán, Belice y Corea del Norte.

“El tráfico de personas es un problema global, pero también un problema local. El tráfico de personas puede ocurrir en un restaurante, un hotel, en una granja o en la casa del vecino”, dijo el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, en el acto de presentación de su informe anual sobre el tráfico de personas.

Según el Departamento de Estado estadounidense “el Gobierno de Bolivia no cumple plenamente las normas mínimas para la eliminación del tráfico de personas y no demostró un aumento general en sus esfuerzos para hacerlo en comparación con el período anterior”.

En concreto, Estados Unidos asegura que el Gobierno del presidente boliviano, Evo Morales, “no financió suficientemente” su plan nacional contra el tráfico de personas y, además, no dedicó los recursos necesarios al enjuiciamiento de los culpables de esos crímenes y la protección de sus víctimas.