El expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, - junto a exministros de su gestión- presentaron hoy en la Fiscalía una denuncia por delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes en contra de los ministros de Justicia, Héctor Arce, y Minería, César Navarro; del procurador general del Estado, Pablo Menacho; y de la exsubprocuradora Elizabeth Arismendi, por el caso Quiborax.

En su petitorio, Carlos Mesa solicita a la Fiscalía que “se incluya en la presente investigación preliminar a las personas denunciadas”.

Además, ratifica su pedido de rechazar la Proposición Acusatoria que instauró en su contra el Procurador General del Estado y, luego, “se remita antecedentes al fiscal de materia competente, para la imputación formal de los denunciados en este memorial, por la comisión de los delitos señalados”.

En la mencionada denuncia, se señala que hubo, al menos, cuatro irregularidades en el proceso de arbitraje instaurado por la empresa Quiborax en contra del Estado boliviano.

Además, solicita que se convoque a declarar a abogados que, supuestamente, podrían haber sido testigos de estas irregularidades.

En contacto con los medios, Mesa ratificó que existe falta de materia justiciable dentro de la proposición acusatoria presentada por Menacho. Instó al fiscal General, Ramiro Guerrero, a que actúe con independencia e incluya en la investigación a las personas que denuncia. "Es mucho más grave lo que ha ocurrido en el Gobierno de Evo Morales que lo que nosotros hemos hecho", explicó.

La denuncia fue presentada por Carlos Mesa, los exministros durante su gestión, Gustavo Pedraza y Luis Antonio Martín Fernández

Antecedentes

El procurador general del estado, Pablo Menacho – en conferencia de prensa junto al ministro de Minería, César Navarro- informó el pasado 7 de junio que Bolivia suscribió un Contrato Transaccional para dar cumplimiento al pago de $us 42,6 millones. El CIADI determinó el pago de 48,6 millones de dólares.

El litigio judicial se remonta a junio de 2004, cuando el entonces Gobierno de Carlos Mesa revirtió las concesiones mineras que Quiborax tenía en el salar de Uyuni para la explotación de ulexita. La empresa chilena demandó en 2006 al Estado boliviano como compensación a sus inversiones y daños sufridos por la expropiación. En septiembre de 2015, CIADI falló a favor de Quiborax indicando que Bolivia violó el artículo III del Tratado Binacional de Inversiones (TBI).

En esa línea, el Procurador General del estado, Pablo Menacho, presentó una proposición acusatoria contra el expresidente Carlos Mesa y sus colaboradores por la pérdida del arbitraje internacional.

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