La Paz, 8 de agosto (Oxígeno).- La Cámara de Senadores conformó, la tarde del jueves, el Tribunal de Sentencia que llevará a cabo el juico de responsabilidades contra las magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Soraida Chánez y Ligia Velásquez, por la comisión de tres delitos. Además, creó la Comisión de Recepción de Recusaciones.

El presidente de la Cámara Alta, Eugenio Rojas, informó que se recepcionó el jueves de manera oficial la Resolución Acusatoria que fue aprobada y remitida por la Cámara de Senadores la pasada semana.

“Se ha radicado la causa por el Tribunal de Sentencia que conforman 26 senadores y senadoras”, indicó.

Esta acción se realizó tras la conformación de la Comisión de Recepción de Recusaciones o Excusas, de acuerdo a la Ley 044, de las cual son parte los oficialistas Julio Salazar y Sandra Soriano y el senador opositor Marcelo Antezana.

“Estos tres senadores se eligen para recibir recusaciones o excusas, de acuerdo a lo que presenten (las acusadas) y se convierten en neutrales. Mientras que el Tribunal de Sentencia automáticamente se vuelve en juez para dar la sentencia”, explicó Salazar.

El Artículo 41 de la Ley 044 indica: “Antes de tomar conocimiento de la causa, la Cámara de Senadores reunida en pleno y con el quórum reglamentario, por mayoría simple elegirá a tres Senadoras o Senadores de entre sus miembros, quienes conocerán y resolverán en la etapa de juicio, en única instancia y en una sola audiencia, sobre la legalidad o ilegalidad, de las excusas o recusaciones resueltas que pudieran ser planteadas”.

Además establece que “los miembros de este Cuerpo Colegiado no podrán ser recusados, ni presentar excusas por ningún motivo; tampoco podrán ser parte del Tribunal de Sentencia”, conformado posteriormente en la misma sesión plenaria con la exclusión de estos tres miembros.

Las dos magistradas son acusadas por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, prevaricato e incumplimiento de deberes, por emitir el Auto Constitucional 0106/2014-CA del 13 de marzo de 2014, que puso en suspenso la aplicación de la Ley del Notariado Plurinacional.