El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró el miércoles que el Gobierno no pretende actuar en contra de los intereses regionales y económicos de Santa Cruz tal como señalan algunos líderes de la oposición que cuestionan el accionar del Ejecutivo con respecto al tema del congelamiento de la regalías del campo gasífero Incahuasi.

"Santa Cruz ha multiplicado exponencialmente sus ingresos económicos por concepto de renta petrolera, nadie podrá afirmar que el Gobierno nacional ha actuado en contravención de los intereses regionales y quien lo afirme, está actuando con una demagogia de inmoralidad que se le será imposible sustentar técnicamente", aseveró en conferencia de prensa.

Romero recordó que en 2017 las inversiones en campos de exploración y en los otros eslabones de la cadena productiva hidrocarburífera ha sido de 422,4 millones de dólares en el departamento de Santa Cruz, cifra muy superior a los 11 millones que recibía la región por el mismo concepto en 2005.

Asimismo, aseguró que el Ministerio de Justicia busca hacer cumplir las leyes y la Constitución al iniciar un proceso al juez que ordenó el descongelamiento de las regalías del campo Incahuasi, el pasado jueves, pese a que en  noviembre de 2017 el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió un fallo que  suspende el pago de regalías y deja los recursos en custodia en tanto se realice un estudio técnico sobre la delimitación entre Santa Cruz y Chuquisaca.

“La postura del Ministerio de Justicia está enmarcada dentro de lo legal por observar que el fallo de un juez departamental se sobrepone a una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional", afirmó.

En esa línea dijo que como Gobierno se tiene la decisión firme de dar cumplimiento al mandato del Tribunal Constitucional y cerrar el debate tras conocer los resultados de un nuevo estudio técnico realizado por una consultora contratada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

A su juicio, la acción de cumplimiento interpuesta por asambleístas del Movimiento al Socialismo en Santa Cruz, la misma que derivó en el fallo del juez Alberto Guzmán y que fue observada por el Ministerio de Justicia, fue de buena fe y justificada por la defensa que hicieron los parlamentarios en defensa de los intereses de su región.