La ex diputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Rebeca Delgado, ofreció hoy una conferencia de prensa para referirse al fallo del Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas (NNUU), que ayer determinó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) la inhabilitó indebidamente de su candidatura a la Alcaldía de Cochabamba el 2015 e instruyó al Estado boliviano a pagarle una compensación económica “adecuada” por los gastos legales.

Delgado, dedicada hoy a la docencia universitaria, aseguró que lo más importante del fallo de las Naciones Unidas no es el resarcimiento económico, sino que se deja un precedente internacional para que el Estado boliviano no vuelva a vulnerar los derechos civiles y políticos de ninguna persona.

“El dictamen es como una sentencia a nivel internacional que reconoce que en mi caso ha habido una vulneración de derechos humanos, civiles y políticos; falta de acceso a la justicia, retardación de justicia y discriminación, son varios derechos vulnerados”, aseguró.

En ese sentido, explicó que el dictamen de las NNUU señala que el Estado debe pagar una compensación económica a su persona pero, lo más importante, reiteró, es que “es un precedente para que el Estado boliviano se comprometa a no vulnerar derechos políticos en el futuro”.

“Más allá de la compensación lo más importante es haber sentado precedente de esto y nos tiene que ayudar a  los bolivianos a protegernos”, aseveró a tiempo de descartar cualquier posibilidad de regresar a la política.

En esa línea, Delgado señaló que ahora es misión del Estado el encontrar y juzgar a los culpables de haber violado sus derechos políticos el 2015.

Aseveró que es el exprocurador, ahora ministro de Justicia, Héctor Arce, es quien debe determinar quiénes son los responsables y, de esa manera, responder a la petición de las Naciones Unidas, que también pidió al Estado brindar información, en un plazo de 180 días, “sobre las medidas que haya adoptado” para aplicar el dictamen que le exige garantizar que no se repita la vulneración de los derechos humanos y políticos de la población.

En ese sentido, la ex diputada del MAS señaló a los ex vocales del TSE (Dina Chuquimia, Fanny Rivas, Marco Ayala, Irineo Zuna, Wilfredo Ovando, Wilma Velasco y Ramiro Paredes), así como a exjueces de la Sala Penal II del Tribunal de Justicia de La Paz como los responsables de violentar sus derechos.

Y exigió que sean ellos no solo los que hagan el pago del resarcimiento económico, sino que también sean juzgados penalmente por el Estado boliviano.

“El fallo de las NNUU no es ‘inabstracto’, es decir que el Estado tiene que encontrar a los responsables de la violación de los derechos humanos. Esto significa que los miembros del TSE que estaban el 2015 han vulnerado mis derechos, son responsables y que ellos tendrán que asumir las responsabilidades civiles y especialmente penales, porque la vulneración de derechos humanos son delitos penales”, aseveró.

Finalmente, Delgado expresó su confianza en que el Estado acatará el dictamen de del Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas (NNUU), y asegurara que no habrá más hechos de violación de derechos humanos, civiles y políticos en el país.

“No acatar (el dictamen) significaría que no quieran cumplir la ley, yo esperaré que se cumpla, esperaré los 180 días y que sea un precedente para que no quede más precedentes en el mundo de que en Bolivia se vulneran los derechos humanos”, finalizó.