La Paz, 2 de agosto, (Oxígeno).- La Cámara Baja solicitó al Senado aplicar la pena de 10 años de privación de libertad para las dos magistradas suspendidas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Soraida Chánez y Ligia Velásquez, de acuerdo al Proyecto de Acusación aprobado por la sesión de diputados el martes. Ambas autoridades son acusadas por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, prevaricato e incumplimiento de deberes por emitir el Auto Constitucional 0106/2014-CA del 13 de marzo de 2014 que puso en suspenso la aplicación de la Ley Notariado Plurinacional.

“Por los fundamentos expuestos, solicito a ese tribunal (Senado) se sirva imprimir el trámite de ley y en definitiva se sirvan a dictar sentencia condenatoria contra las acusadas, por la comisión de delitos atribuidos formalmente, imponiéndoles la máxima sanción penal”, indica el documento firmado por el presidente de la Comisión de Justicia Plural  de la Cámara Baja, Juan Carlos Cejas.

El martes, la Cámara de Diputados aprobó la Resolución Acusatoria contra ambas magistradas para el inicio del juicio de responsabilidades de acuerdo a la Ley 044 y presentó de manera formal los obrados ante la Cámara de Senadores el jueves.

Según el Código Penal, el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes tiene una pena de cinco a 10 años de cárcel, el incumplimiento de deberes cuenta con una sanción de privación de libertad de uno a cuatro años y el prevaricato un castigo de de cinco a 10 años de cárcel.

“Por los tres delitos hay penalidades que concierne el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, en tal sentido tiene que haber una sentencia que tiene que implicar las sanciones que se vea por conveniente de acuerdo a la gravedad del delito que vaya a analizar jurídicamente el Tribunal de Sentencia que ahora es el Senado”, afirmó a Oxígeno.bo el presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío.

Senado

La Cámara Alta debe conformar una comisión de tres senadores por mayoría simple como primer paso. Los tres legisladores conocerán y resolverán en la etapa de juicio, en única instancia y en una sola audiencia, sobre la legalidad o ilegalidad de las excusas o recusaciones resueltas que pudieran ser planteadas sobre el caso.

Cumplido con esa tarea conformará el Tribunal de Sentencia con los legisladores presentes en el plenario; sin embargo, el primer grupo conformado por los tres miembros no podrá ser parte de este tribunal.

La adopción de las resoluciones y la sentencia se deben realizar con el voto de al menos dos tercios de los miembros presentes. Durante el juicio contra las magistradas, los legisladores miembros del Tribunal tienen la obligación de asistir “ininterrumpidamente” a la totalidad de las audiencias, incluida la deliberación y la sentencia, de lo contrario se considerará falta grave en el ejercicio de sus funciones y serán sancionados.

Una vez concluido el debate, se procederá a la deliberación, donde el Presidente del Tribunal debe presentar el proyecto de sentencia, debidamente fundamentado. 

En junio, la presidenta de la Asociación de Notarios de Potosí, Norka Soto y la titular del Tribunal de Honor de la Asociación del Notariado Boliviano, Geovanna Udaeta España, activaron un proceso de juicio de responsabilidades contra Gualberto Cusi, Soraida Chanez y Mónica Velásquez, magistrados del TCP. El proceso continuó hasta la madrugada de este 29 de julio, cuando la Cámara de Diputados aprobó la Resolución Acusatoria contra las dos magistradas y no así contra Cusi, quien se encuentra delicado de salud en un centro hospitalario de la ciudad de La Paz.