Durante la IX Reunión del Comité de Negociación de Acuerdo Regional sobre Acceso la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe realizada en San José, Costa Rica, los delegados de los 24 países asistentes aprobaron el documento vinculante de este acuerdo, orientado al acceso a la información en temas ambientales y a la protección de los defensores de éstos.

El documento se viene negociando desde el años 2014 está basado en el principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo y tiene como objetivo garantizar “la implementación plena y efectiva en América Latina y El Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada personas, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”. Además, garantiza “un entorno seguro y propicio” para las personas u organizaciones que defienden los derechos humanos y los derechos ambientales.

El acuerdo está abierto a la firma de todos los países de América Latina y El Caribe (33 naciones) en la sede de la ONU en Nueva York durante las sesiones de septiembre de 2018 y estará sujeto a la ratificación de los Estados. Asimismo, se informará de su adopción durante el 37mo periodo de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en La Habana del 7 al 11 de mayo de 2018.

Alicia Barcenal, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL que trabaja como secretaría técnica en este asunto, señaló que “el gran mérito de este acuerdo regional está en colocar a la igualdad en el centro de los derechos de acceso y, por ende, en la sostenibilidad ambiental del desarrollo”.

Además, la Viceministra de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático, Cynthia Silva, señaló que Bolivia ya ha avanzado sobre las temáticas tratadas. “La Constitución Política del Estado garantiza como derechos la participación, el derecho a la comunicación y a la información. Establece la Jurisdicción Agroambiental, entidad especializada para impartir justicia en materia ambiental, entre otros”, indicó al periódico estatal, Cambio.