La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) presentó hoy su informe 2017 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), en la que expresó su preocupación por el aumento de cultivos de coca en Bolivia, de 12.000 a 22.000 hectáreas, gracias a la Ley General de la Coca, aprobada el 2017.

“La extensión permitida para los cultivos de coca se amplió de 12.000 hectáreas en la Ley 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas de 1988 a 22.000 hectáreas en la Ley General de la Coca (Ley 906) de 2017, por lo cual la JIFE expresa su preocupación, ante la casi duplicación de la superficie total autorizada para este cultivo”, señala el informe presentado por la UNODC.

El representante en el país de la UNODC, Thierry Rostan, citó la preocupación expresada por la JIFE en su Informe respecto al aumento de la superficie total de cultivo de coca en 2016, en la que señala un aumento del 14% respecto al 2015 y la consiguiente alza en la producción prevista de hoja de coca.

“La cantidad total de hoja de coca disponible para la venta en locales autorizados por el gobierno aumentó en un 4% en 2016 hasta casi 22.000 toneladas, frente a unas 21.200 toneladas en 2015”, señala el informe del organismo y agrega que “la superficie total del cultivo excedentario de coca erradicado anualmente en el país parece haber disminuido constantemente tras el máximo comunicado en 2012”.

“A la JIFE le preocupa que los mencionados acontecimientos hayan afectado la capacidad del Gobierno para controlar la disponibilidad de hoja de coca para el consumo tradicional interno y aumentado el riesgo de que la hoja de coca se desvíe para la fabricación ilícita de cocaína”, añade el informe de la UNODC.

Rostan, al respecto, recordó que "el Gobierno boliviano manifestó su determinación de seguir adoptando todas las medidas necesarias para controlar el cultivo de la hoja de coca mediante la aplicación de las disposiciones de la Convención de 1961, a fin de impedir el uso indebido de la coca y la producción ilícita de los estupefacientes que pueden extraerse de la hoja de coca".

Al respecto, el viceministro de defensa social, Felipe Cáceres, admitió el incremento de los cultivos, pero respondió que no es correcto hacer la comparación de cultivos de coca con la ley 1008, que se aprobó en los 80, porque el Gobierno, con aporte de la Unión Europea y fondos propios, realizó un estudio de mercado de coca que son ahora el referente para medir el consumo tradicional.

Por otro lado, el representante de la UNODC, dijo que la JIFE destaca que el Gobierno boliviano ha incrementado el grado de cooperación con la Jife, reconociendo además su determinación de adoptar un enfoque integrado para que las sustancias sujetas a fiscalización internacional queden también sometidas a fiscalización nacional.

"La JIFE dice que el Estado boliviano está decidido a seguir adoptando todas las medidas necesarias para controlar el cultivo de arbusto de coca, así como para evitar su uso indebido y la producción ilícita de los estupefacientes que pueden extraerse de la hoja", manifestó Rostan.