Durante la audiencia sobre la “Situación del derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa en América del Sur” que lleva adelante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Bogotá, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) señaló que en Bolivia existe una especie de “asfixia económica” a los medios de comunicación que no comparten la línea gubernamental.

Durante su intervención, el presidente de la ANP, Marcelo Miralles Iporre, señaló que en el país existen leyes y decretos que “obligan a los medios a convertirse en portavoces de políticas gubernamentales”, que la publicidad estatal es dada a los medios que se “sometan” a políticas estatales y que esto ha derivado en el despido de periodistas de investigación y análisis, y que se está elaborando una norma que obligue a los medios a dar el 1% de sus ingresos globales para un seguro de vida a los trabajadores que, en su opinión, daría paso al cierre de los mismos y a la pérdida de empleos. Miralles calificó estas acciones como “asfixia” contra los medios independientes.

Mencionó además que desde 2010 a 2017 se registraron 136 agresiones físicas contra periodistas y medios y 155 caos de agresiones verbales y amenazas. Indicó que autoridades gubernamentales han calificado de “opositores” a los medios y periodistas independientes y habló sobre calificativos como “cártel de la mentira”.

La ANP participó de la sesión junto al Instituto Prensa y Sociedad, tanto de Venezuela como Perú, y la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) de Ecuador. En la misma, hicieron una solicitud con cuatro puntos ante la CIDH pidiendo que se establezca un cronograma para monitorear y elaborar un informe sobre la libertad de expresión en los países de la región; que se garantice los principios de pluralidad y diversidad para evitar órdenes de bloqueo y censura y, sobre este punto, se pide un informe al estado boliviano sobre normas que sirvan para presionar a los medios independientes; que se actúe de manera eficaz para demostrar que se puede ejercer el periodismo libremente; y, por último, que se recuerde a los estados que deben garantizar procesos de justicia imparcial.

Los tribunos de la CIDH resaltaron la importancia de la libertad de expresión para la democracia y el relator especial para la libertad de expresión, Edison Lanza, señaló que existen indicadores comunes en la región y señaló que trabajarán en que “no se utilicen herramientas” para evitar la lucha contra la corrupción.