El diputado de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría, y el asambleísta departamental de La Paz, Marco Antonio Fuentes, presentaron un amparo constitucional contra los asambleístas de La Paz que aprobaron, sancionaron y promulgaron la ley de transferencia del Campo Ferial de la ciudad de El Alto al Ministerio de Obras Públicas.

Según el Amparo, la ley que posibilitó la trasferencia de dichos predios “carece plenamente de legalidad procedimental y aprobación de la Máxima Autoridad Ejecutiva del Departamento de La Paz", se argumenta en el recurso legal.

Según los miembros de UD, además, con la transferencia de los predios del Campo Ferial Alteño se estaría vulnerando el artículo 279 y el numeral 21 del parágrafo I en el artículo 300 de la Constitución Política del Estado; los parágrafos I y II del artículo 66 de la Ley Marco de Autonomías y descentralización "Andrés Ibáñez";  y el artículo 15 de la Ley 247 y 803, referida a la Ley de modificaciones a la ley de 247 de regularización al derecho propietario sobre bienes inmuebles urbanos  destinados a la vivienda.

El amparo constitucional fue instaurado en contra de los asambleístas Saturnino Edgar Apaza Machaca (Presidente Asamblea Legislativa Departamental de La Paz), Deysi Fabiola Almanza Ramírez (Presidente Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz), Juan Luis Vargas Flores, Teodocia Vega Cori y Luis Raúl Bautista.