El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) emitió hoy un pronunciamiento en el que señala que continuará con sus actividades, y llama a otras organizaciones a sumarse; pero rechaza la incorporación orgánica de partidos políticos. La información surge luego de que en pasados días la Central Obrera Boliviana (COB) se desvinculase de esta entidad sugiriendo que debería disgregarse pues había cumplido su objetivo de abrogar el Código Penal.

El CONADE emitió un comunicado en el que señala que estará vigilante del cumplimiento de la abrogación del Código Penal y del surgimiento de uno nuevo bajo los “principios de participación, pluralidad, imparcialidad y transparencia”; y ratifican la lucha por el respeto a la democracia, las garantía constitucionales y a los resultados del referéndum del 21 de febrero. Señalan también que no se pretender recortar el mandato del presidente Evo Morales, “sino que cumpla la Constitución y el respeto a los principios democráticos”.

Saludan a todas las organizaciones que se movilizaron en las pasadas semanas y que se unieron al CONADE, “nos queda el desafío de articularnos”, dice el documento; “no podemos permitir que vulneren nuestros derechos ciudadanos por intereses de grupos de poder, vengan de donde vengan”.

Asimismo, invitan a nuevas organizaciones a unirse al CONADE, pero rechazan la incorporación orgánica de los partidos políticos.“A los partidos políticos, dejar un claro mensaje, que esta entidad no permitirá una incorporación orgánica de los mismos a este Comité”, consideran que éstos tienen un rol en la sociedad, pero que la ciudadanía también puede hacer política no partidaria.

La comunicación sale días después de que el dirigente de la COB, Guido Mitma, anunció que el ente sindical deja el CONADE y pide su disolución, indicando que el mismo se reactivó con el objetivo de lograr la abrogación del Código Penal y que el mismo se cumplió. El pronunciamiento del CONADE está firmado por Waldo Albarracín como representante de la UMSA, Amparo Carvajal por la Asamblea de Derechos Humanos, Georgina Aiza del Conamaq y Juan Carlos Núñez de la Fundación Jubileo.