Los políticos opositores se sumaron a los pedidos de abrogación del nuevo Código Penal. Tanto el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, como el gobernador cruceño, Rubén Costas, expresaron (por separado) su rechazo a una nueva norma.

Costas indicó que el Código Penal debe ser consultado mediante un diálogo y que no debe ser impuesto. “Es imprescindible comenzar de nuevo en la construcción de la ley penal”, señaló el Gobernador y mostró una propuesta de reforma del sistema de administración de justicia presentado hace un año. Además, manifestó que considera que el momento conflictivo que trajo la promulgación del Código se debe también a la indignación del pueblo boliviano y al desgaste del gobierno actual.

Por su parte, Leyes criticó el art. 215 que establece las penas contra el microtráfico de sustancias controladas. El alcalde considera que el microtráfico es justamente el que lleva las drogas a la escuelas y que la pena de 1 a 3 años establecida en la norma es muy baja y deja a los infractores libres de cárcel gracias a las determinaciones de suspensión condicional que tiene la misma norma. “Algo que nos preocupa a quienes queremos erradicar el tráfico de droga, de cocaína, marihuana de nuestras escuelas y le pido a la población que preste atención a lo que este nuevo Código del Sistema Penal pretender hacer”, manifestó Leyes.