En un breve contacto con la prensa, en Plaza Murillo, representantes de la Iglesia Evangélica explicaron que el rechazo a la nueva norma surge, sobre todo, por las observaciones que tienen al parágrafo I, numeral 11, del artículo 88 del Código, que señala que “será sancionada con prisión de siete (7) a doce (12) años y reparación económica la persona que, por sí o por terceros, capte, transporte, traslade, prive de libertad, acoja o reciba personas" en casos como el "reclutamiento de personas para su participación en conflictos armados o en organizaciones religiosas o de culto".

“Es decir, que si llevamos a una persona o a un grupo de campamento ¿nos van a denunciar?; ¿no voy a poder salir a la calle de predicar el evangelio?”, cuestionó el pastor Miguel Machaca Monroy, presidente de la Iglesias Evangélicas de La Paz.

En su opinión, el mencionado artículo atenta contra su labor "especialmente en la ayuda al necesitado y en la restauración de hogares disfuncionales; afecta además a su labor de captar, acoger y ayudar a personas presas en vicios tales como alcoholismo y la drogadicción”.

Como un acto simbólico, los pastores evangélicos que se hicieron presentes en Plaza Murillo realizaron una oración en puertas de la Asamblea.

Las presidenta de la Cámara de diputados, Gabriela Montaño, explicó que el artículo está vigente desde el 2012 y que nunca se ha usado para criminalizar la religión.