El equipo de defensa legal internacional de Bolivia, encabezada por la Procuraduría General del Estado, inició hoy la defensa en los alegatos orales, dentro del procedimiento de anulación iniciado por el  estado boliviano en el caso Quiborax.

La delegación de Bolivia está conformada por el procurador general del Estado, Pablo Menacho Diederich; el ministro de Minería y Metalurgia, Cesar Navarro Miranda; el subprocurador de Defensa y Representación Legal del Estado, Ernesto Rossell Arteaga; y el director general de derecho internacional del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Franz Zubieta Mariscal. Asimismo, Bolivia cuenta con el apoyo del estudio jurídico Internacional Dechert LLP.

En su alegato de apertura, el procurador Pablo Menacho, afirmó que “Bolivia es un país responsable y comprometido que mantiene inalterable su posición de cumplir con todas sus obligaciones internacionales”.

El Estado boliviano presentó su solicitud de anulación ante el Comité de Anulación del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversión (CIADI) luego de una exhaustiva revisión y análisis del proceso arbitral y especialmente de la sentencia de 16 de septiembre de 2015, en el que confirmó serias vulneraciones al debido proceso, extralimitación manifiesta de las facultades por el Tribunal que emitió el maudo y falta de motivación de las razones que fundaron el mismo.

“Las vulneraciones al debido proceso, llevaron a la emisión de un Laudo arbitral en el que una pequeña transferencia de dinero tuvo un rendimiento superior a 12.000 por ciento. Esto refleja una evidente distorsión del sistema de protección de inversiones, la formalización del abuso del derecho y el establecimiento de la inseguridad jurídica como regla de actuación”, señaló el procurador Pablo Menacho durante la defensa.

Por su parte, el ministro César Navarro, al ser consultado sobre la primera ronda de alegatos, afirmó que “el Estado boliviano ha demostrado con claridad y contundencia que el Laudo, en el caso Quiborax, es forzado, artificial y abusivo. Por esta razón, se espera que la acción de anulación planteada por Bolivia logre eliminar la injusta decisión del tribunal del CIADI y restablecer el orden de justicia con una demandante que, violando la ley, forzó esta demanda”.

La controversia se inició durante la administración del ex presidente Carlos D. Mesa Gisbert, a raíz de la emisión del Decreto Supremo 27589, de 23 de junio de 2004, que dispuso la revocatoria y pérdida de las once concesiones mineras obtenidas por la empresa boliviana Non Metallic Minerals S.A.